La Fiscalía provincial de València archivó ayer la denuncia presentada por el PP contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por fraccionamiento de contratos al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, según confirmó la Fiscalía a Levante-EMV.

La denuncia presentada por el PPCV ponía en conocimiento de la Fiscalía de València un presunto fraccionamiento «ilegal» del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores. La supuesta irregularidad denunciada por la secretaria general del PP y diputada, Eva Ortiz, se habría cometido en contratos de limpieza de centros sociales y residencias en distintos centros sociales como el de Torrent, Ontinyent o Sagunt.

También denunciaban «el recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, para evitar cualquier tipo de contratación administrativa así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención».

También apuntaban a contratos «siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en contratos de servicios), pero fraccionados en claro fraude de ley». En la denuncia se adjuntan hasta once expedientes en los que, supuestamente, se fracciona el contrato para eludir los controles de Intervención de la Generalitat, que habría impedido este tipo de contratos.

Sin embargo, la Fiscalía de València considera que no existe reproche penal en el fraccionamiento de los veinte expedientes completos que han sido revisados tras la denuncia contra Oltra el pasado febrero. Según pudo saber Levante-EMV, la Fiscalía constató el fraccionamiento, pero descartó que fuera delictivo.

En el PP, «respeto absoluto»

Tras conocer el archivo de la causa, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, mostró el «respeto absoluto» a la decisión de la Fiscalía porque el partido «respeta siempre las decisiones judiciales», en este caso del ministerio público, «a diferencia del PSPV y de Bloc-Compromís».

Bonig explicó que llevaron este tema a Fiscalía porque había un informe de la Intervención de la Generalitat que apuntaba a irregularidades «y que la forma en que se estaba ejecutando ese sistema no se ajustaba a derecho». Si tras la investigación, la Fiscalía no ha observado esas irregularidades, Bonig indicó que acatarán las decisiones judiciales, «como hacemos siempre».

Por otra parte, la Fiscalía de València aún mantiene abiertas las diligencias de investigación penal abiertas por la denuncia del PP por fraccionamiento de contratos contra los consellers de Educación y Transparencia, Vicent Marzà y Manuel Alcaraz, respectivamente que no se unieron a las iniciadas con los contratos de Mónica Oltra y que dirige un fiscal distinto al que analizó los contratos de la vicepresidenta.