ETA, la banda terrorista que ahora pide perdón (selectivo) por el daño causado, tiñó de luto el final de la campaña electoral de las generales de 2008, que enfrentaron a José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el 9 de marzo. Dos días antes, a las 13.30, ETA asesinaba de varios disparos al concejal socialista Isaías Carrasco ante la puerta de su casa, en Mondragón. Su mujer y su hija llegaron a verlo con vida. Todos los partidos suspendieron la actividad en toda España.
El PP de Francisco Camps tenía preparados actos de fin de campaña en las tres capitales, que quedaron anulados. Como era norma, Orange Market se ocupaba de la organización. En València tenía reservado l'Hemisfèric, en uno de los iconos de la urbe del PP, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa).
El acto no se realizó, como reflejan las crónicas de aquel día. Sin embargo, la contabilidad de la filial valenciana de Gürtel intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que forma parte del sumario de la causa por la financiación ilegal del PP valenciano refleja que la firma facturó 19.800 euros por aquel acto. El coste del mismo fue de 4.800 euros, no obstante. Se entiende que la diferencia es el margen de beneficio de la mercantil de Álvaro Pérez.
Así aparece en un archivo excel con el epígrafe «cobros 2008». Además, los apuntes contables de aquellos actos de fin de campaña en la base de datos incautada en la sede de Orange Market no reflejan ninguna cantidad en los casos de Alicante y Castelló, sí en cambio en el de València: los citados 19.800 euros. El cliente en todos los casos era el PPCV.
Si, a pesar de la cancelación, se habían realizado trabajos en los vestíbulos de l'Hemisfèric, lo que justificaría algún cobro por parte de la empresa de la red Gürtel, Cacsa no percibió ni un euro. Fuentes de la entidad han asegurado a Levante-EMV que un mes después, el 7 de abril, emitieron una factura por 6.000 euros a cargo de Orange Market y el mismo día la anularon.
La cantidad coincide con el presupuesto enviado el 5 de marzo por una técnica de Cacsa a Cándido Herrero, el contable de la empresa que estaba en el centro de la trama corrupta, en el que le aplica un «descuento especial» del 25 % por el uso del anillo perimetral de l'Hemisfèric. Herrero, condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel por el caso Fitur, se enfrenta a una posible pena de más de 19 años de prisión en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano.
El contable (o gerente, como aparece referido en ocasiones) explicitó en su declaración ante el juez el método de contabilidad de la trama, con pagos en A en una columna («Alicante») y en B («Barcelona») en otra.
El entonces secretario general del PPCV, Ricardo Costa, también ha confesado en el juicio en Madrid la existencia de una caja B. De acuerdo con esta versión, corroborada por nueve empresarios, los populares valencianos financiaron en negro las campañas a través de aportaciones que constructoras y otras sociedades realizaban a Orange Market.
Jugosa noche electoral
La contabilidad requisada incluye asimismo una hoja de costes de Orange Market por 903 euros por el alquiler de moquetas «azul ducados», tarimas, personal auxiliar y una furgoneta para el acto de fin de campaña en el Teatro Principal de Castelló, que tampoco se realizó. Sí tuvo lugar una comida con militantes en el Palacio de Congresos durante la cual se conoció la noticia del atentado.
Aún con el duelo oficial, la celebración de la noche electoral en el Alameda Palace, el local habitual de las fiestas de la victoria del PPCV, supuso a Orange Market un cobro de 22.500 euros, el doble del coste, según la contabilidad de la empresa.
