"Un cambio de paradigm"a. Así ha presentado esta mañana en rueda de prensa el diputado de Hacienda, Toni Gaspar, el informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sobre el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS) de la Diputación de Valencia. Se trata se algo “novedoso” porque por primera vez la diputación ha querido evaluar la inversión en las localidades valencianas. Los 69,1 millones que la diputación recopiló de remanentes en 2015 y que fueron destinados a los ayuntamientos en 2016 han generado 148 millones de euros en términos de producción y 1.207 empleos.

La evaluación del plan por parte del Ivie, titulada 'Impacto económico del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia', se centra en el periodo de ejecución de diciembre de 2015 al mismo mes de 2016. Junto a Gaspar, también ha comparecido el director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos. El diputado señaló que la que los resultados de la inversión también darán la clave para prever las ejecuciones del remanente de este año, que se anunciarán próximamente.

Según ha señalado el director del Ivie, se ha analizado tanto el impacto directo de los 69’1 millones invertidos como el impacto indirecto que han tenido en los municipios. En términos de empleo, se han generado 1.207 empleos equivalentes a tiempo completo por año. Se han llevado a cabo 1.581 proyectos adjudicados a 840 empresas, de las cuales, el 80,3% eran de la provincia de València.

El impacto indirecto se cuantifica en un total de 148,2 millones de euros en términos de producción, de los que 60,7 millones de euros son en forma de renta o PIB. Por ello, Maudos ha destacado el "efecto tractor" del plan, ya que "por cada euro invertido se ha creado casi un euro de renta en la economía valenciana, además de la dinamización del mercado laboral".

Las inversiones se han materializado en obras de mejora en los municipios en urbanismo, patrimonio, edificios públicos, instalaciones deportivas, zonas verdes e infraestructuras y servicios en general, actuaciones que han decidido los alcaldes y alcaldesas con "autonomía municipal", ya que la diputación “no dictaba en qué se tenía que invertir”, ha señalado Gaspar. De hecho, el 85,4% de los fondos han ido al sector de la construcción, frente al 10,5% en servicios. “Los ayuntamientos han invertido en aquello que consideraban que era necesario acorde a lo que dicta la ley”, ha indicado el diputado de Hacienda.

De los 69,1 millones del remanente de la diputación destinados a mejoras, no se han podido aprovechar 2 millones, según explicó Gaspar, debido a obras que han sido adjudicadas por debajo de lo presupuestado y han sobrado “picos” que han ido a parar al pago de la deuda. Según el ministerio de Hacienda, solo hay dos salidas para el remanente: o se invierte, o se pagan las deudas de los ayuntamientos. Por ello, para Gaspar ha sido “un éxito” poder aprovechar los casi 70 millones en los municipios.