Por otro lado, se reclama más transparencia en la selección y que la vía de contratación temporal sean las bolsas de trabajo, mientras que otros procesos selectivos (en vigor esta legislatura) sean más restringidos y muy justificados. Además, plantea que en la selección no participe personal de la empresa involucrada en la preparación de la convocatoria. Por último, el informe plantea reforzar la figura de una auditor interno y que sean las conselleries las que lleven acabo los procedimientos de exigencia de responsabilidades ante contrataciones irregulares.
El informe ha trascendido justo cuando hace un mes la secretaria autonómica del Sector Público alcanzó un acuerdo trascendental con varios sindicatos para poner fin al descontrol en el acceso futuro. Este acuerdo establece que el concurso oposición sea a partir de ahora la forma de entrada para todos los entes. También recogía alguna de las recomendaciones del informe, como sacar de los órganos de selección a las propias empresas.
El acuerdo venía ser la principal victoria de la conselleria que dirige Vicent Soler, que ha tenido que aparcar la prometida nueva ley del sector público. Estos tres años su departamento ha trabajado en tratar de regularizar las plantillas con la aprobación de las relaciones de puestos, pero el tira y afloja con los entes ha sido continuo.
El acuerdo, además, tiene detractores. Intersindical, por ejemplo, no lo comparte y así lo está transmitiendo en distintas asambleas de trabajadores del sector. Entiende que, a falta de un modelo integral sobre el sector público, no se puede penalizar al personal interino, que queda expensas de un proceso selectivo que podría acabar dejándoles sin trabajo tras años «sosteniendo los servicios públicos y sin opciones de consolidar su puesto», según reflexiona Salva Sanmartín. El sindicato defiende que debe encontrarse una fórmula intermedia para que pueda contratarse personal nuevo, pero aprovechando la experiencia de los que ya están.
Con todo, el texto debe negociarse con cada comité de empresa y el proceso se antoja complicado. Hacienda trabaja para convertir este acuerdo en una norma jurídica con validez, para poder sumar a todos los entes. El mestizaje y la cercanía de las elecciones no ayuda.
