Todo estaba preparado ayer por la mañana para oficializar por escrito en el Ayuntamiento de Alicante el relevo en la portavocía municipal del PSOE, tras la decisión de la permanente socialista de colocar a Miguel Castelló en lugar de Eva Montesinos, quien no hace ni una semana fue la candidata socialista en un pleno de investidura en el que se quedó a un solo voto de ser la nueva alcaldesa de Alicante.
Sin embargo, el PSPV intercedió a tiempo para detener, al menos por el momento, la caída de Montesinos orquestada por el exsenador Ángel Franco, que controla la agrupación local socialista.
Según fuentes internas, la cúpula autonómica liderada por Ximo Puig se puso en contacto con los concejales del PSOE en Alicante para pedirles que no firmasen el documento que Carlos Giménez, el hombre de Franco en el grupo municipal, pretendía presentar para que en la sesión plenaria de mañana, la primera con el popular Luis Barcala como alcalde, se aprobasen las nuevas remuneraciones para los miembros del grupo socialista tras su paso del ejecutivo local a la actual oposición.
En las dependencias municipales, los concejales socialistas (salvo Montesinos, que viajó a València para reunirse con el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz) entraban y salían de los despachos y encadenaban conversaciones telefónicas.
Entre los protagonistas de las reuniones se encontraba Miguel Castelló, que recogió su acta como concejal en el pleno del pasado jueves y que apenas cuatro días después se convertía en el elegido por Franco para ser el nuevo portavoz. Ayer se negó a valorar la crisis interna surgida por la decisión de Franco de apartar a Montesinos, quien nunca ha estado entre sus afines.
La todavía «voz» del grupo municipal socialista, que tampoco quiso hablar ayer, explicó en Blanqueries la situación vivida el pasado lunes, donde intentó ser relevada en una ejecutiva que, según fuentes socialistas, «no es vinculante» al no incluir en el orden del día el cambio en la portavocía municipal.
Entre las personas que sostienen esta teoría, además de históricos críticos con Franco, se encuentra el exalcalde Gabriel Echávarri, quien ayer pidió a su sucesor en la secretaría general, Miguel Millana, que «recapacite y rectifique». Echávarri se mostró crítico con el último movimiento orquestado por Franco, el que fuera su padrino dentro de la agrupación socialista.
«El PSPV, a doce meses de elecciones [municipales y autonómicas], no necesita mas ruido, necesita tranquilidad. Perdida la alcaldía de Alicante, nos estamos jugando la Generalitat», afirmó.
Fuentes municipales sostienen que para que el alcalde de Alicante pueda firmar el decreto del relevo, el escrito debe contar con las firmas de los seis concejales del grupo, incluida Montesinos.
El desafío de la ejecutiva socialista de Alicante, controlada po Franco, unió ayer en una reacción unánime a las direcciones federal, nacional y provincial. En las tres se hablaba de «despropósito» y «sinsentido».
Puig declaró que la sustitución de la hasta ahora portavoz no le parecía bien y que lo que ha pasado con el cambio de gobierno a favor del popular Luis Barcala «ya ha sido bastante grave» como para que además el partido socialista «no sea capaz de digerir adecuadamente esta situación».
Ese mismo argumento es el que usó el secretario general de los socialistas alicantinos, José Chulvi, elegido para el cargo el pasado diciembre con una ejecutiva en la que dejó fuera a los afines a Franco. Chulvi convocó de urgencia a la ejecutiva provincial en su municipio, Xàbia, donde es alcalde, y como era de esperar, varias voces pidieron medidas contra el exsenador.
Mientras, Ferraz no respaldaba tampoco el movimiento en el Ayuntamiento de Alicante y ya sopesa la opción de crear una gestora si la ejecutiva local no da marcha atrás definitivamente, postura que sería compartida por la dirección de país, a pesar de las divergencias en el pasado.
Blanqueries espera un acuerdo que evite una medida drástica y a última hora de ayer era optimista sobre esta posibilidad. De momento, la comisión de ética y garantías se reunió ayer y acordó encuentros con las dos partes. El objetivo es ganar tiempo para un «arreglo» pacífico y evitar un informe contra la decisión tomada. Este sería la base para la adopción de medidas en coordinación con la dirección federal.
