La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) recordó ayer a cinco de sus miembros objeto de una investigación, entre ellos el senador valenciano del PP Pedro Agramunt, que «el principio de responsabilidad política individual» incluye «la posibilidad, para los cargos electos, de devolver sus actas».
Así se desprende de una resolución sobre el informe que ve «sospechas» de corrupción en la gestión de Agramunt al frente del organismo. El texto, votado ayer en el pleno por procedimiento de urgencia con 123 votos y 9 en contra, pide además a los parlamentos y gobiernos nacionales que «tomen las medidas oportunas sobre los casos mencionados».
La APCE invita al Senado y al Gobierno a revisar el informe de la comisión de investigación poniendo «toda la atención» a los hechos que afectarían a Agramunt y cuatro senadores más. Además, pide que envíen una respuesta a la Asamblea antes de que termine 2018.
El reglamento de la APCE no le concede a esta la capacidad de retirar las actas de los parlamentarios ante una vulneración de su código de conducta, que es lo de lo que acusa a Agramunt por su presunto trato de favor hacia Azerbaiyán, sino que esa potestad recae en los parlamentos nacionales.
El PP, no obstante, anunció ayer que no va a adoptar ninguna medida contra el valenciano a la espera de que se resuelva su caso en el propio organismo europeo. El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales, José Ramón García Hernández, señaló que la resolución «no tiene consecuencias jurídicas».
García recuerda que las sanciones que puede adoptar el Comité de Reglas de la institución son de «orden interno», como impedir a un miembro presidir una comisión o vetarlo para ser nombrado observador. Sin embargo, apuntó a que no puede «cesar de sus funciones a ningún parlamentario».
El procedimiento interno del Consejo de Europa exige que «las personas afectadas por el informe puedan dar su versión de los hechos», recordó. En el caso del senador, será en mayo, en la reunión del comité de reglas de París.
Por ahora, Agramunt compareció a puerta cerrada el miércoles junto con los otros cuatro miembros investigados, entre los que se encuentra Jordi Xuclà, diputado del PDeCAT y otro de los expedicionarios a Siria junto al valenciano. Los abogados de este reflejaron que el senador «desmentía categóricamente» las acusaciones «infundadas y calumniosas» de corrupción del informe encargado por la cámara.
El entorno del veterano político del PP valenciano está confiado asimismo en que el Senado no adoptará medidas, dada la mayoría aplastante de los populares en la cámara. No temen, por tanto, el efecto de la presión de otros partidos. El senador, acusado de aceptar sobornos con dinero en metálico y prostitutas, ha optado por el silencio tras su salida de tono denigratoria hacia las mujeres al responder sobre esta última acusación.
Junto a los españoles Agramunt y Xuclà, que no estuvieron ayer en la votación, los otros afectados son el rumano Cezar Preda, también del grupo popular, el austríaco Stefan Schennach, socialista, y el conservador azerí Samad Seydov. También se cita a cinco antiguos miembros de la APCE, entre ellos el actual secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde.
