El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado suspender de forma cautelar la aplicación del decreto 22/2018 por el que la Conselleria de Sanidad subrogó el pasado día 1 al personal laboral del área de salud de Alzira tras hacer efectiva su reversión a la gestión pública. Así queda recogido en la resolución emitida ayer miércoles por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El TSJ responde así a la petición de medidas cautelares para parar el proceso de subrogación realizada por la asociación Sanitat Sols Una y varios exdirectivos de Alzira bajo la gestión de la empresa Ribera Salud. Según la resolución -que no es firme y contra la que cabe recurso- los intereses invocados por los recurrentes para pedir esta paralización «no tienen entidad bastante para exigir la suspensión cautelar». La resolución llega después de que el TSJ también rechazara aplicar medidas «cautelarísimas» a finales de marzo sobre la aplicación de este decreto.
Los magistrados aseguran que los derechos de los trabajadores «no sufrirán un perjuicio irreversible como consecuencia del mantenimiento» del decreto y que el resto de «posibles perjuicios» alegados para pedir la suspensión.
