La Conselleria de Educación retirará la polémica licitación del servicio del servicio de revisión, control y justificación de las solicitudes de becas escolares que cada curso piden más de 250.000 familias valencianas. La mecanización de las solicitudes de ayudas, principalmente de comedor y transporte, la realizarán funcionarios interinos nombrados por acumulación de tareas en vez de una empresa como era práctica habitual hasta ahora desde que el PP externalizó este servicio en 2005.
La marcha atrás en la privatización de la tramitación de las becas llega después del contencioso-administrativo contra el concurso público interpuesto por las dos federaciones del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) con representación en la conselleria, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC), que representa al personal de administración y servicios, y la Federació d'Ensenyament (FE), que agrupa al colectivo docente.
Ambas federaciones de CC OO rechazan que el tándem Compromís-PSPV al frente de Educación repita las prácticas de externalización de servicios públicos del PP. El asunto desató una revuelta sindical en la mesa sectorial de la Función Pública del pasado 13 de abril, cuando la FSC denunció que esta licitación va en contra de los compromisos del Botànic de acabar con las externalizaciones y supone abrir la veda para que otras conselleries recurran a una práctica que ya se generalizó con el PP.
El contencioso interpuesto por el sindicato, que subraya que en la Administración pública las tareas de auxiliar administrativo solo las puede desempeñar un funcionario (de carrera o interino), ha forzado un acuerdo a tres bandas para dotar de más personal eventual a la Conselleria de Educación.
En la negociación han intervenido el departamento del conseller Vicent Marzà, Función Pública, que depende de la consellera Gabriela Bravo, y Presupuestos, competencia del conseller Vicent Soler.
La mecanización de las solicitudes se hará mediante nombramientos de personal funcionario interino por acumulación de tareas como pedía CC OO, según han confirmado a este periódico tanto el secretario general de la FSC, Juan Cruz, como el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler.
Cruz ve «positiva» la marcha atrás de la privatización del servicio de revisión, control y justificación de las becas durante los próximos 24 meses que Educación ha licitado por 856.537,66 euros (IVA incluido). No obstante, señala que no desistirá del contencioso «hasta que se publique en el diario oficial la retirada de la licitación».
Esta no es la primera externalización de servicios que lanza la Conselleria de Educación. En enero de 2017 ya privatizó, por más de 900.000 euros anuales, parte del servicio de traducción y corrección de textos al valenciano que atiende a toda la Generalitat. La justificación de ambas privatizaciones que argumenta Educación es la falta de personal en plantilla.
