La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha formado en los últimos días a 163 profesionales municipales y de mancomunidades de la provincia de València para gestionar la aplicación de la nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía, según ha informado la Generalitat.
En las cuatro sesiones específicas celebradas del 24 al 30 de abril se ha formado a un centenar de personas en la provincia de Valencia y a otras 63 en la de Alicante. En todas ellas, la Conselleria ha facilitado formación técnica y personalizada en exclusiva para el personal de los municipios y mancomunidades sobre aspectos concretos y procedimientos para la ejecución y puesta en marcha de la nueva prestación contemplada en la ley.
Tras las recientes tensiones políticas por el ofrecimiento del PSPV a abrir sus sedes como punto de información para los ciudadanos que quisieran solicitar las ayudas, la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra ya advirtió el viernes pasado que para tales funciones "están los profesionales, encargados de asesorar y acompañar al interesado en la petición".
Cambios en la ley
La nueva prestación de renta incluye mejoras respecto a la anterior, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.
La nueva también incluye novedades como la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, el que solo sea necesario un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, y exigir únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma. Esto mismo lo resaltó la vicepresidenta Oltra porque "evitará los colapsos en los servicios sociales una vez pase el primer periodo de solicitud", apuntó.
Además, la renta valenciana de inclusión contempla cuatro modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia.
Respecto al importe de la prestación con la nueva ley será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 706,46 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que la ayuda se elevaría a 643,91 euros y 883,08 euros respectivamente, frente a los 385 actuales.
Proceso formativo
Cabe recordar que, ante la entrada en vigor de la nueva ley, la Conselleria ha elaborado un proceso formativo, en tres fases, para que todos los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana conozcan tanto la nueva norma como la aplicación informática creada para su gestión.
La primera fase, que finalizó el 20 de marzo, constaba de jornadas informativas para municipios celebradas en las tres capitales de provincia, centradas tanto en las novedades de la nueva normativa como en el reglamento que la desarrolla y que en estos momentos está en tramitación, con la participación de más de 400 personas.
En esta segunda fase, finalizada el 30 de abril, se han celebrado cursos con 23 sesiones en los municipios de Alicante, Orihuela, Gandia, Elda, Ontinyent,València, Castellón y Benicarló, donde el personal municipal recibe formación con la dotación informática necesaria para poder trabajar en un entorno de pruebas con la nueva aplicación informática.
Este tipo de formación más técnica y personalizada se mantendrá el tiempo que se estime necesario, de manera que si hay nuevas incorporaciones al equipo de Servicios Sociales, si necesitan reforzar los conocimientos o repetir esta formación en algún caso, tendrán la posibilidad de hacerlo, previa petición a la Dirección General de Inclusión Social, que coordinará esta formación.
En la tercera fase, la Conselleria tiene la intención de incorporar en el segundo semestre del año, cursos formativos del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), a través del plan interadministrativo, sobre la gestión en la aplicación técnica de la ley.
