El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Consell a pagar a La Alcoyana, mercantil del grupo Vectalia prestataria del transporte metropolitano de Alicante, cinco millones y medio de euros por un desajuste presupuestario en la prestación de sus servicios en la etapa de la presidenta autonómica del PP, Isabel Bonig, como consellera de Transportes.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.

El director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, ha incidido tras conocer que la conselleria tendrá que abonar 5´5 millones de euros a la empresa La Alcoyana en concepto de compensación por los desequilibrios económicos de las líneas interurbanas integradas en el antiguo TAM al no haberse producido la renovación expresa del convenio, que es "un ejemplo más de la nefasta gestión de los gobiernos del PP y de la exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig" por lo que ha apuntado que "cada vez más queda en evidencia su mala gestión como exconsellera, que nos cuesta ingentes sumas de dinero a los valencianos y valencianas".

El sistema metropolitano, conocido como el TAM, viene funcionando desde 1999 a través de sucesivos acuerdos con el operador de transporte La Alcoyana. Durante el año 2013, el anterior gobierno no contempló en sus presupuestos la cantidad necesaria para hacer frente al coste del servicio, derivado fundamentalmente del precio de la integración tarifaria y de servicios suplementarios a los exigibles según el contrato.

En particular, aparecen únicamente 2,6 millones de euros en el presupuesto inicial de 2013 en el concepto presupuestario para estas finalidades, cuando el coste del sistema TAM era muy superior.

"La herencia en diferido que poco a poco vamos conociendo agrava todavía más la situación de infrafinanciación que sufrimos los valencianos" ha señalado el director general tras recordar que esta sentencia judicial de 5´5 millones de euros se suma a las que la conselleria tiene que abonar por los sobrecostes en la avenida Dénia (14´7 millones); los 9´5 millones por la autovía no ejecutada CV-95 en la Vega Baja o el procedimiento judicial en curso sobre los "gemelos" de Benidorm, solo por citar los casos mas notorios de Alicante.

"Los pufos heredados de épocas anteriores en materia de Obras Públicas lastran totalmente nuestra capacidad inversora", ha reiterado Carlos Domingo tras calificar de inaudito que "a la mala gestión de la anterior responsable de infraestructuras se sume también su negativa a que el transporte público de la Comunitat reciba las subvenciones correspondientes del Gobierno central para que los ciudadanos puedan disponer de un transporte público de calidad en las mismas condiciones que los de otras autonomías".