Podemos ha vuelto a aumentar su grado de presión sobre sus socios del Pacte del Botànic tras las sospechas sobre su financiación en la campaña electoral de 2007.

Tras el ultimátum de 20 de días, que ya se ha cumplido, para que dieran explicaciones y con la exigencia de que se apartara a los asesores de Enric Morera y del presidente Puig, Lluismi Campos y José Manuel Orengo; la organización morada elevó ayer el listón.

Puso también a José Ramón Tiller, alto cargo de Egevasa, en la lista de personas que deben dar un paso atrás. Y además se muestran insatisfechos con las explicaciones dadas hasta ahora por Bloc y PSPV, que no han encontrado facturas de la firma Crespo Gomar, en el centro de la polémica.

Por ello, Podemos reclama que ambas formaciones realicen auditorías externas. También que el pleno de las Corts apruebe antes de acabe el mes (en la sesión del próximo 23 de mayo) la constitución de la comisión de investigación de las cuentas electorales de PSPV y Bloc. Una comisión que será independiente de la que se creará también para estudiar la financiación del PP y el caso Taula.

Pero el síndic de Compromís y miembro del Bloc, Fran Ferri, asegura que su partido sí ha dado explicaciones suficientes porque el informe interno refleja lo que se ha encontrado.

Pero el síndic del PSPV, Manolo Mata, se toma con ironía la petición de Podemos de auditoría externa: «Ya nos dirá la empresa que tiene que auditar las cuentas; es como si quiere pedir que lo haga el MIT de Massachusets o un amigo suyo, es como si yo pidiera que se auditara la relación de Podemos con Venezuela».

Además, Mata rechaza que Orengo se aparte de su puesto de asesor del presidente porque no tuvo participación en la campaña de 2007. Mientras, el PP está convencido de que saldrán más datos sobre la financiación de PSPV y Bloc. «Esto no es el final, sino el principio», dijo la diputada Eva Ortiz sin dar más detalles.