El varapalo del Síndic de Greuges a la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra es importante. El defensor del Pueblo valenciano señala en su memoria de 2017 que la situación a la que se ha llegado en la conselleria que dirige la vicepresidenta resulta difícilmente sostenible porque produce un daño considerable al crédito de la institución del Síndic de Greuges.
Igualdad y Políticas Inclusivas fue en 2017 la Administración valenciana que más peticiones de información dejó sin contestar al Síndic o lo hizo con más de cuatro meses de retraso. La institución que dirige José Cholbi y que tiene en el exsíndic del PSPV Ángel Luna al encargado de analizar la gestión de la vicepresidenta, señala que por primera vez se han tenido que dictar resoluciones en un número elevado de expedientes sin recibir respuesta de la conselleria tras reiterados requerimientos y superar los cuatro meses.
Sí admite el Síndic que la gestión de Oltra ha permitido paliar algunas graves deficiencias en materia de prestaciones sociales y el avance en los pagos a beneficiarios en dependencia o renta de inclusión. Pero aún así existen retrasos que considera injustificados y hasta incomprensibles. Además, las incidencias que producen estos retrasos están derivando en situaciones que llega a calificar de «extravagantes».
La institución pone en el punto de mira el retraso en el reconocimiento de las prestaciones por dependenciaque sigue siendo el principal problema. Este apartado ha crecido prácticamente un 12 %, pasando de 837 quejas tramitadas en 2016 a 937 en 2017. La evolución resulta significativa al tratarse de denuncias exclusivas, no agrupables, lo que convierte este epígrafe en el más numeroso.
Sobre la renta de inclusión, hacia la «aptitud práctica» de la administración para desarrollarla de forma eficaz.
Falta de medios y personal
La conselleria, como en el año anterior, manifiesta su voluntad de colaborar con el Síndic y se justifica en las carencias de personal y medios materiales que arrastra, algo que las propias Corts Valencianes han denunciado en forma de resolución que exigía al Gobierno de España que eliminara la tasa de reposición que impide al Consell contratar funcionarios.
Pero el Síndic apunta que no tiene capacidad para concluir si las anomalías se deben a la falta de medios o a una deficiente organización. En este punto remarca que su obligación es denunciar «el avanzado deterioro de esta situación», en la medida que afecta a la protección de los derechos de personas en graves dificultades.
Como en el año anterior, el Síndic de Greuges también señala la demora en la renovación de los títulos de familia numerosa, que ha sido denunciada repetidamente por numerosos ciudadanos. Y detecta también graves problemas de funcionamiento en los Puntos de encuentro familiar (PEF).
En el caso de los centros de protección para menores con problemas de conducta remarca que el «importante aumento» de este tipo de centros y plazas disponibles no es suficiente para absorber la demanda existente que proviene, principalmente, de los propios centros de protección ordinarios.
Un 72 % menos de quejas
Sin embargo, desde el departamento que dirige Mónica Oltra, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, respondió ayer que el número de quejas de la ciudadanía en relación a la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha descendido un 72 % desde 2014, último año de gestión del gobierno autonómico con el PP al frente.
