La inscripción en el padrón municipal como residente es el paso inicial para el acceso a derechos básicos como el sanitario o el educativo se esté en situación regular o no en el país. En el informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València se alerta, en este sentido, de otra situación detectada en varios ayuntamientos valencianos: los problemas para inscribirse o la necesidad de dar cuenta a Extranjería del registro cuando, según la ley, no es condición necesaria para ella. Velar por el cumplimiento de la norma y por un acceso normalizado a los servicios y prestaciones públicas ocupa, de hecho, varias de las propuestas de mejora del informe que también se detiene en el problema del acceso a la sanidad pública. En este apartado, desde el organismo piden un pacto de Estado que garantice la cobertura sanitaria universal de todas las personas residentes, tengan o no papeles. Este pacto estaría contra el Real Decreto 16/2012, actualmente vigente, y que dejó fuera del sistema sanitario en toda España a los inmigrantes sin papeles, a no ser que fueran menores, embarazadas o tuvieran un accidente. El Consell ha intentado paliar su efecto con un Decreto ley de acceso universal a la sanidad gracias al que se dieron 13.822 tarjetas sanitarias que ahora está anulado por el Tribunal Constitucional.
