04 de mayo de 2018
04.05.2018
Investigación

Imputan a tres funcionarios de un ministerio de Zapatero por beneficiar a la consultora del PSPV

El expediente "estaba adjudicado antes de seguir los trámites legales", según las irregularidades que detectó la Intervención del Estado

04.05.2018 | 10:19
Zapatero interviene en el Congreso frente a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor (izquierda).

La investigación por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc ya tiene los tres primeros imputados, diecisiete meses después de que se iniciara la instrucción (el 22 de diciembre de 2016), que ha acabado repartida en cuatro juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia.

El juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigados a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda entre 2008 y 2009 por su participación en la adjudicación del concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de Gandia, Crespo Gomar SL, presuntamente implicada en la financiación irregular de las campañas electorales del PSPV-PSOE y Bloc en 2007.

De 2008 a 2010 fue ministra de Vivienda Beatriz Corredor, actual secretaria de ordenación del territorio y políticas de vivienda del PSOE.

Según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha incoado diligencias previas sobre el concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012, adjudicado en 2009 a la consultora de Gandia por 126.208 euros.

Los tres funcionarios del Ministerio de Vivienda imputados formaron parte de la mesa de contratación que adjudicó esta campaña de publicidad. La jueza María de las Mercedes Pérez Barrios acusa a los tres de los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

De los tres funcionarios, sólo ha trascendido el nombre de Rosario G. V., que en 2009 presidió la mesa de contratación que adjudicó a Crespo Gomar SL la campaña de comunicación. Esta funcionaria figura actualmente como trabajadora de la Airef (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), conocida como la «policía fiscal» del ministro Cristobal Montoro.

Realiza tareas de apoyo a la división jurídica en materia de gestión de recursos humanos, contratación y gestión económica. Además de su trabajo en el Ministerio de Vivienda, esta técnica ha sido secretaria general del Boletín Oficial del Estado y secretaria general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música.

Los otros dos investigados son Sandra S. F, secretaria de la mesa de contratación, y José María A. G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que también formaba parte como vocal de la mesa de contratación.

El expediente de la campaña de publicidad adjudicada a Crespo Gomar SL fue analizado por la Intervención General del Estado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Instrucción 21 de València, que encontró una retahíla de irregularidades.

«Resulta muy llamativo que se procediese a la apertura de la oferta económica sin disponer de los informes técnicos», señalaba la magistrada Nieves Molina en el auto que despiezó en cuatro causas la investigación por la financiación del PSPV-PSOE y Bloc. Una práctica que «favorece la falta de transparencia, ya que al conocer la puntuación con la oferta económica de cada licitador resulta más sencillo intentar favorecer a cualquiera de ellos».

El análisis del expediente permitió comprobar que se rechazó a un licitador por baja temeraria, lo que «claramente benefició a Crespo Gomar SL, quien no hubiese sido adjudicataria de no haberse rechazado al otro licitador».

La Intervención también detectó otras irregularidades «de las que indiciariamente parece concluirse que el expediente estaba adjudicado antes de que se siguiesen todos los pasos legales». Por ejemplo la fecha del bastanteo del Abogado del Estado de los poderes del adjudicatario «lleva la firma del 5 de enero, cuando el contrato aparece firmado el 29 de diciembre de 2008», por lo que «resulta imposible que se firmase el contrato» en la fecha indicada.

La jueza de Instrucción 21 de València, que investigó los hechos hasta inhibirse en enero, consideraba que existía una «clara vinculación» entre Crespo Gomar SL y el PSPV-PSOE «como empresa intermediaria para facilitar la financiación» del partido a cambio de «fondos de la administración».

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