Contenedores a rebosar y calles invadidas de bolsas con desperdicios apiladas desde el sábado: es la estampa con la que ayer amanecieron los vecinos de los 34 municipios de la Vall d'Albaida. La empresa concesionaria de la recogida de la basura, Recisa, cumplió su ultimátum de principios de abril y suspendió el domingo de forma unilateral el servicio que presta en toda la comarca a raíz de las desavenencias con su contratista, la Mancomunitat, respecto al pago de una deuda que la mercantil cifra en 1,5 millones de euros. La medida de presión sorprendió e indignó a los alcaldes a partes iguales, puesto que no habían sido avisados con antelación.
Después de una jornada caótica en la que se sucedieron las amenazas, las acusaciones y las negociaciones en todos los frentes, un acuerdo «in extremis» que trascendió casi a las nueve de la noche recondujo las posturas inicialmente enconadas y permitió desbloquear el conflicto. Recisa aceptó restablecer el servicio y, a cambio, la Mancomunitat asumió cuatro compromisos por escrito.
El primero ya estaba estipulado en un pacto verbal alcanzado inicialmente la semana pasada: abonar las facturas con más de 60 días de retraso mediante el aplazamiento estructurado de un importe de casi 900.000 euros, a satisfacer en un plazo de 4 años.
El segundo es el pago de 300.000 euros divididos en dos vencimientos, uno a finales de mayo y otro a finales de junio. La empresa rebajó sus pretensiones significativamente en este punto, puesto que, hace unos días, exigió medio millón de euros de forma inmediata. Una demanda que, según la Mancomunitat, alteró los planes iniciales y precipitó la ruptura de las negociaciones.
El ente supramunicipal también ha prometido no incurrir en nuevos retrasos en el pago de las facturas y transferir a la empresa otros 20.000 euros en concepto de intereses por impagos de 2018.
La «fumata blanca» llegó tras una reunión de más de tres horas entre los responsables de la concesionaria y los de la Mancomunitat, con la participación del gerente del Consorcio de Residuos V5 (COR).
El Ayuntamiento de Ontinyent decidió no esperar a las conversaciones. El alcalde, Jorge Rodríguez, dictó a primera hora de la tarde un oficio por vía urgente para recuperar las competencias sobre la recogida y el transporte delegadas en la Mancomunitat y ordenar a otra empresa, Urbaser, que despejara las bolsas de basura que se acumulaban en las calles del núcleo urbano.
La medida, según las fuentes del organismo, añadió presión a las negociaciones y contribuyó a forzar el desenlace. En Ontinyent se creó una situación de especial alarma, puesto que la recogida es puerta a puerta y los deshechos se depositan en los mismos portales o sobre la acera. Rodríguez tachó de «chantaje» la actitud de la empresa y subrayó el «pago religioso de la tasa de basura» por parte de los vecinos.
En la resolución del conflicto también jugó un papel clave como mediador el COR (gestor del tratamiento y la eliminación de la basura), que, tras una primera propuesta infructuosa de la Mancomunitat, planteó la posibilidad de que Recisa facturara directamente y con carácter mensual a su empresa concesionaria las toneladas transferidas en la planta de Bufali, en lugar de hacerlo a la Mancomunitat, como hasta ahora, para asegurar la liquidez.
Recisa comunicó el 6 de abril que en el plazo de un mes suspendería el servicio y, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez sí cumplió sus amenazas tras afear a la Mancomunitat la ausencia de un escenario de pago «creíble» a largo plazo para «cumplir con trabajadores y proveedores».
Con la llegada de unos nuevos accionistas a raíz del desembarco de un fondo de inversión en el conglomerado de empresas que controla Recisa (participada por Guerola y la antigua Lubasa), la presión sobre la Mancomunitat se ha redoblado.
La concesionaria llegó a advertir a principios de abril con que podría pedir la resolución del contrato y una indemnización por los impagos. La Mancomunitat, en cambio, ve infundada la actitud de Recisa y sostiene que la deuda histórica con la firma (que cifra en 1 millón) se ha reducido en medio millón de euros en un año y «nunca ha sido tan baja».
