08 de mayo de 2018
08.05.2018
CASO GÜRTEL

El Supremo confirma 9 años de cárcel para Milagrosa Martínez por Fitur

Ratifica, en la primera sentencia firme de Gürtel, las penas que impuso a los once condenados, entre ellos Correa (13 años), Crespo (13), el Bigotes (12) y Betoret (7) El tribunal también valida las grabaciones del concejal José Luis Peñas que originaron la investigación del caso

08.05.2018 | 17:17
Milagrosa Martínez, durante el juicio en València.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 9 años de cárcal para la exconsellera de Turismo y expresidente de las Corts, Milagrosa Martínez, por amañar contratos de la feria de turismo Fitur en favor de la trama Gürtel entre 2005 y 2009. Se trata de la primera sentencia en firme del caso Gürtel. El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha desestimado los recursos de las 11 personas condenadas, cuyas penas quedan así ratificadas.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el alto tribunal confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de febrero de 2017 que impuso penas a once condenados: los cabecillas de la trama, Francisco Correa, 13 años; Pablo Crespo, 13 años y tres meses, y Álvaro Pérez 'el Bigotes', 12 años y tres meses; Isabel Jordán (6 años); Cándido Herrero (4 años) y Mónica Magariños, sentenciada a 3 años.

Otros exaltos cargos de la Conselleria de Turismo también fueron condenados a penas de prisión: Isaac Vidal (7 años); Rafael Betoret, exjefe de gabiente de Milagrosa Martínez (6 años); Jorge Guarro (4 años) y Ana Grau (3 años). Sólo lograron ser absueltos la exconsellera, Angélica Such, y el técnico jurídico Juan Bover.

Junto a las penas de prisión, la sentencia estipula que Correa, Crespo y Pérez deberán abonar multas de 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias.

También establece que los tres cabecillas más Milagrosa Martínez, Jordán, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat con 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.

El Supremo confirma que la trama Gürtel era "una asociación ilícita" y destaca que "la corrupción cuestiona el propio funcionamiento del sistema democrático con comportamientos en los que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía".

Los hechos probados

El Tribunal consideró probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en las ediciones de Fitur (Feria Internacional de Turismo) entre 2005 y 2009 tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

La sala entendió que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada exprofeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. También que las mercantiles de Francisco Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos "márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes", dice la sentencia.

Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (la Agencia Valenciana de Turismo, la Conselleria de Turismo, la Conselleria de Territorio y Vivienda, y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes), que "no solo no llevó un control efectivo de los pagos, sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa", añade el fallo judicial hecho público hoy por el TSJ-CV.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

La sentencia expone que las relaciones del grupo de empresas con la administración eran tan fluidas, antes y durante la adjudicación de los contratos, que se produjo un "desembarco" y de hecho una ´sustitución´ de la administración por las empresas de Gürtel, pues eran ellas las que confeccionaban y redactaban los pliegos y los contratos, aceptados por la Administración, realizaban los planos, e incluso diseñaban los criterios de valoración de las propuestas.

Este asalto por las empresas del grupo Correa a la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana fue posible, según el fallo del Supremo "por las relaciones personales de amistad surgidas entre Correa, Pérez y Crespo, con Milagrosa Martínez y funcionarios del departamento, por el conocimiento personal derivado de la participación del grupo en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y sostenida, posteriormente, con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad".

En cuanto a la nulidad de la causa reclamada por varias defensas por lo que consideraban vulneración del derecho a la intimidad debido a las grabaciones realizadas por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que dio origen al caso Gürtel, la Sala analiza su propia doctrina y concluye que "ninguna lesión se produce cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación y son objeto de la pesquisa judicial y policial, sujeta a los principios y garantías propios de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales". El fallo sobre las grabaciones allana el camino para el resto de causas que aún deben juzgarse de la trama Gürtel.

Los magistrados del Supremo añaden que las grabaciones son "conversación grabada por un particular de los sucesivos encuentros que mantuvo con los acusados. Si esos encuentros son libres y espontáneos entre dos particulares, y uno de los cuales decide grabarlas, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación, pues con independencia de su valoración ética y moral, lo prohibido es la indagación de la intimidad por parte de los órganos públicos de investigación sin observancia de las garantías legales y constitucionales". No obstante, el tribunal señala que la relevancia que se deba dar a esas grabaciones, dependerá de la "corroboración de las testificales oídas en el juicio".

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