La historia del yonqui del dinero, también conocido como Marcos Benavent, daría para un género literario propio: la mafia bufa. La última acción de este singular personaje -ahora ha trascendido- antes de abandonar la gerencia de Imelsa (hoy Divalterra) con destino desconocido fue poner en marcha el sistema de prevención y detección de la corrupción en la entidad ( compliance, en el lenguaje empresarial).
Era el 23 de diciembre de 2014. Poco antes, en la comida de Navidad, ante su equipo y su valedor, Alfonso Rus, entonces presidente de la Diputación de València, había anunciado que abandonaba el cargo. El día 24, Rus y los suyos ya no lo encontrarían.
«Mucha fuerza para lo que viene» fue el mensaje de fin de año de Benavent a sus cercanos. Él no reaparecería hasta el mes de mayo posterior, después de un retiro en la selva amazónica, transformado ya en un arrepentido «yonqui del dinero» dispuesto a soltar «mierda a punta pala».
Todo en las acciones de Benavent desde su desaparición parece ajustarse a un guion escrito. Se fue porque sabía que la Guardia Civil tenía ya las grabaciones con cargos del PP que darían pie al caso Imelsa (las que llevó EU a la Fiscalía).
Y el antes «pijo festero» regresó arrepentido, espiritualmente nuevo y dispuesto a colaborar con conocimiento de causa de los delitos y las peticiones de pena que se le venían encima por la red de mordidas de contratos de la que era el centro.
En ese contexto de decisiones calculadas hay que situar la puesta en marcha de la contratación de un sistema de prevención de delitos en Imelsa como último gesto antes de renunciar y desaparecer del mapa. Benavent invitó a cuatro empresas (Garrigues, Deloitte, Pricewaterhouse y Cuatrecasas) al contrato de asesoramiento para el servicio citado. Se lo adjudicó la última el 28 de enero de 2015. Benavent ya no firmó.
De esa historia reciente viene la actual Divalterra, que hoy vivirá una junta general extraordinaria (algo extraño en la empresa pública) para abordar las denuncias de PP y Ciudadanos por los contratos de alta dirección echados atrás, la salida de directivos y la transparencia de varios informes.
El presidente de la diputación, Jorge Rodríguez (PSPV), acude con armas frente a la oposición, aseguran en su entorno. Además del pasado de Benavent, encima de la mesa tiene los datos del personal colocado «sin control» por el exgerente popular y actual consejero Rafael Soler (127 empleados) y el convenio colectivo firmado en 2015 y que, señalan las citadas fuentes, no pasó por el consejo.
Habrá que ver la situación también en que queda la cogerente Agustina Brines (Compromís), a la que se apunta como la responsable de pedir el informe sobre si debían dejar el consejo Rosa Pérez y Emili Altur, a los que daba por imputados en el caso Imelsa.
