La adjudicación de la campaña de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 por el Ministerio de Vivienda a la consultora de Gandia, Crespo Gomar SL, tuvo una cronología «incoherente e imposible», según concluye la Intervención General del Estado (IGAE) en un informe incorporado a la causa que investiga la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc.
Una causa despiezada en cuatro juzgados para indagar sobre el presunto trato de favor a la empresa de comunicación que hizo la campaña electoral del líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, a las elecciones autonómicas de 2007, así como diversos actos electorales a la formación nacionalista Bloc. Aunque el presunto delito electoral que podrían haber cometido ambas formaciones estaría prescrito, cuatro juzgados investigan el trato de favor a Crespo Gomar SL, en pago a la presunta colaboración en la financiación ilegal de ambas formaciones, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
La titular del Juzgado de Instrucción 21 de València, Nieves Molina, encargó a un interventor de la IGAE que analizara los expedientes bajo sospecha adjudicados a Crespo Gomar SL o varias empresas satélite entre 2005 y 2010 por distintas administraciones. El informe del interventor, incorporado a las cuatro causas abiertas, detecta en el caso del Ministerio de Vivienda cuantiiosas irregularidades en la tramitación de la campaña adjudicada por valor de 126.208 euros.
El contrato se licitó «bajo la forma de urgente, declarada por el director del gabinete de la ministra [Nicolás Mateos Queiruga]», aunque el interventor de la IGAE añade que «más que una urgencia parece una imprevisión» ya que «el Plan de Vivienda 2009-2012 no es algo sobrevenido o improvisado». De esta manera, el jefe de gabinete de la ministra Beatriz Corredor decide iniciar el concurso por la vía de urgencia de la campaña de comunicación del Plan de Vivienda el 14 de octubre de 2008, a pesar de que la entrada en vigor de la campaña de ayudas estaba previsto que comenzara el 1 de enero de 2009. La tramitación se prolonga durante los últimos meses de 2008 y el contrato se adjudica finalmente el 29 de diciembre de 2008, a pesar de que el plazo de ejecución de la campaña que figura en el anuncio de licitación era el 31 de diciembre de 2008.
Para el interventor también «resulta muy llamativo que se procediese a la apertura de la oferta económica sin disponer de los informes técnicos». Una práctica que «favorece la falta de transparencia, ya que al conocer la puntuación con la oferta económica de cada licitador resulta más sencillo intentar favorecer a cualquiera de ellos».
El análisis del expediente del Ministerio de Vivienda también permitió comprobar que se rechazó a un licitador por baja temeraria, lo que «claramente benefició a Crespo Gomar SL, quien no hubiese sido adjudicataria de no haberse rechazado al otro licitador».
La Intervención también detectó otras irregularidades «de las que indiciariamente parece concluirse que el expediente estaba adjudicado antes de que se siguiesen todos los pasos legales». Por ejemplo la fecha del bastanteo del Abogado del Estado de los poderes del adjudicatario «lleva la firma del 5 de enero, cuando el contrato aparece firmado el 29 de diciembre de 2008», por lo que «resulta imposible que se firmase el contrato» en la fecha indicada.
Por estos hechos la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha imputado a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda que formaron parte de la mesa de contratación que adjudicó esta campaña de publicidad. La jueza María de las Mercedes Pérez Barrios acusa a los tres funcionarios de los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
