La reforma de la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC) aprobada ayer a instancias de Podemos con el apoyo crítico de Compromís y PSPV y a la que se suma Ciudadanos tiene entre sus objetivos rebajar la presencia de los miembros del consejo a ocho años, entre ellos la del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Con la redacción que sale de las Corts ningún miembro podrá estar más de ocho años. Se aplica, según Podemos, a todos los miembros y con carácter retroactivo. Como el expresidente accedió al consejo en 2011 (acudió al primer pleno en noviembre de ese año) cesaría a finales del año próximo.

La ley sale adelante pero lo hace con muchas dudas. Compromís cree que no será aplicable al expresidente porque lo ampara el estatuto de expresidentes y aboga por cambiar esa norma en un debate más profundo sobre los privilegios de exmandatarios.

Compromís cree que no deben formar parte del CJC sino del Consejo Económico y Social (CES). El PSPV también tiene dudas. De hecho su apoyo a la reforma es un «acto de fe». Aunque los socialistas aseguran que es un error legislar contra personas (en referencia a Camps) como ya demostró la ley de senadores (que tenía en la diana a la entonces senadora Rita Barberá) dan su apoyo a la ley. Cs, que inicialmente quería eliminar el CJC, también se suma a la aprobación.