La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha recurrido al Síndic de Greuges para que defienda «los derechos» del colectivo después de que el Gobierno valenciano decidiera no establecer una moratoria para que los taxistas con segunda y tercera licencia adapten sus vehículos al uso por discapacitados.
«La conselleria y el grupo parlamentario socialista en las Corts han decidido no aceptar un aplazamiento» y retrasar el plazo de seis meses marcados por la nueva ley del Taxi para adaptar, mientras esperaban la decisión de la Comisión Bilateral sobre la posible inconstitucionalidad de prohibir la acumulación de licencias», aseguran.
Según la presidenta de la plataforma, Isabel Segura, el Consell se enfrenta al pago de «cuantiosas indemnizaciones por los daños y perjuicios generados al colectivo por aplica la ley sin esperar a saber si el punto se retira por inconstitucional».
«Lo que sí tendría sentido sería que se abriera de nuevo el plazo para poder adaptar las licencias acumuladas mientras la Comisión decide y, por otra parte, que los taxistas pudieran ser uno de los colectivos profesionales que optara al programa piloto que Ford y el Ayuntamiento quieren poner en marcha en la ciudad para que circulen las primeras Transit enchufables», concluye Isabel Segura.
