El anuncio del Consell el pasado viernes acerca de la organización de las aulas operativas para el próximo curso, sigue siendo fuente de tiranteces entre los defensores de la escuela pública y los de la concertada. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, presentó los datos sobre los conciertos autorizados para el ejercicio 2018-19, la supresión de unidades escolares concertadas y el incremento del número de aulas en los centros de educación públicos. Las cifras, como ya publicó Levante-EMV, se resumen en que, en datos globales, los colegios cuya titularidad corresponde íntegramente a la Administración ganan 386 unidades y los concertados, tres.

En detalle, se refleja que las plazas de nueva creación para los niños y niñas de dos años (pertenecientes al plan piloto de adelanto de la escolarización), son todas de titularidad pública. En total, 34 nuevas aulas. Y aquí surgen las primeras discrepancias. Mientras que Màrius Fullana, presidente de FAMPA-València, considera que esta línea de actuación es «todo un acierto», para Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de la federación de Escuelas Católicas, se trata de un paso «preocupante», ya que en su opinión esto supone ir «sesgando poco a poco la entrada de alumnos en la concertada». Además de ser una «competencia desleal y discriminatoria». Esto se debe a que con esta creación de aulas gratuitas se fomenta que los estudiantes opten por lo público y sigan toda su formación en los CEIP «no solo por una cuestión económica sino porque los pequeños crean su círculo de amigos y luego es un poco más difícil cambiarlos de entorno», señaló Rodríguez a este periódico. Con este reparto de aulas «se impide que las familias elijan», añadió.

Pero no solo las diferencias surgen con respecto a los más pequeños. En el pasado mes de marzo la Conselleria de Educación ya señaló su intención de eliminar el concierto a 26 aulas de 2º de Bachillerato, entre otras causas por el «decrecimiento vegetativo», es decir, por la disminución de la población. Desde los defensores de un modelo público se congratulan con este modelo ya que «nos acerca al modelo europeo donde predomina la educación pública, que convive con la privada», como señaló Fullana; los partidarios de la concertada, creen que lo apropiado hubiera sido «adaptar los ratios por clase, bajándolos, en lugar de eliminar las aulas». Algo, que por otra parte, ha hecho el Consell en los centros de Infantil y Primaria, que contarán para el próximo curso con 341 unidades nuevas, a pesar de la bajada de la natalidad, porque han reducido el número de niños por clase.

Críticas desde ANPE

Por su parte, ANPE, Sindicato Independiente, de enseñanza, también se ha mostrado crítico con el «arreglo» escolar (la planificación de aulas para el próximo curso en la enseñanza pública y concertada) porque, en su opinión «promueve la inestabilidad de las plantillas en la escuela pública», además de «provocar confusión en los colegios con respecto a plazos y procedimientos».

En este sentido señala que existe un «desconocimiento por parte de los centros de los criterios utilizados en lo que se refiere a las ratios aplicadas en el cómputo de unidades y la supresión de líneas por anulación de dobles líneas lingüísticas», señalaron desde ANPE a través de un comunicado.

Para este sindicato existe un «claro predominio de la habilitación frente a la creación de unidades» lo que desembocará en una «inestabilidad en unidades y plantillas» fundamentalmente en los centros públicos.