El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, admitió ayer en las Corts que los barracones en colegios públicos valencianos sólo podrán reducirse de las 4.418 instalaciones provisionales que existían en 2015 a 2.648 que sobrevivirán en 2019, cuando finalice la actual legislatura.

Soler ofreció estos datos en la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA), que ayer finalizó sus comparecencias (a falta de que los diputados decidan ampliar el calendario con nuevas citaciones).

Soler justificó la supervivencia de Ciegsa para atender la gestión y mantenimiento de los «barracones existentes» y la prórroga prevista para su supervivencia hasta 2020 para «actualizar los proyectos antiguos» de colegios. La construcción de nuevos centros se ha delegado en los ayuntamientos a través del plan Edificant «al que se están apuntando hasta los alcaldes del PP», sostuvo Soler.

El número dos de la Conselleria de Educación también defendió Ciegsa como «un buen instrumento» mal utilizado por los anteriores responsables del Consell. «El descalabro de los 17 años nefastos de Ciegsa no existirían si la conselleria no hubiera delegado el control y la supervisión de las obras».

Una situación que han revertido, aseguró, porque los «modificados de obra» [la principal fuente de mordidas en Ciegsa que se investigan en el Caso Taula] ya no los redacta la empresa adjudicataria sino que interviene «el director facultativo, el inspector de obra [de la conselleria], la Intervención y la Abogacía de la Generalitat», explicó Soler.

«Es más lento, pero nos aseguramos que se cumple la ley de contratos para que los modificados no superen el 10 % de la adjudicación». Una mala praxis a la que estaban acostumbrados las constructoras con el anterior gobierno. «El mensaje que se les daba era: 'licitar a la baja que ya se resolverá'».

Precisamente, sobre la investigación judicial respecto a las mordidas que se pagaban en Ciegsa, Soler adelantó que propondrá la personación de la empresa pública en la causa para ejercer la acusación y recuperar el dinero desviado.

El secretario autonómico desveló que ya ha remitido los cinco expedientes reclamados por el Juzgado de Instrucción 18 y la Fiscalía Anticorrupción de la construcción de los institutos y colegios de Torrevieja, Llosa de Ranes, El Cabanyal, Burriana y Santa Pola, además de todas las adjudicaciones a las empresas Cleop, BM3, Dragados, Construcciones Luján y Acciona.