El PPCV de Isabel Bonig ha reaccionado con contundencia ante la noticia de la detención de Eduardo Zaplana: un expediente informativo con petición a Madrid de suspensión inmediata de militancia. No caben medias tintas, ni pararse a pedir tiempo para conocer más detalles sobre la investigación. La imagen (aunque sea imaginaria del primer molt honorable de la Generalitat del PP con las esposas puestas) es demasiado letal y la actual dirección regional del PPCV no tiene otra que matar a un padre que, por otro lado, hace años ni ejercía como tal ni tenía ninguna influencia en la vida interna y externa de organización. Ahora bien, adoptada la decisión, sólo cabe apretar los dientes y esperar a que la tormenta pase, un deseo que cada vez parece más difícil de cumplirse. «Es para pegarse un tiro», confesaba con desesperación un diputado.

Con la caída a los infiernos de Zaplana, el último icono del PP valenciano con los odios y pasiones que generaba, las opciones de Bonig de presentarse a las elecciones con una partido renovado y limpio de polvo y paja son nulas. Zaplana nada tiene que ver con la actual dirección regional y podría decirse sin errar el tiro que ya nadie que ocupa escaño en las Corts o en el Congreso de los Diputados le debe a él su sitio. Más allá de alguna relación personal más o menos estrecha (el presidente de la gestora de València y diputado Luis Santamaría nunca ha escondido su amistad con Zaplana), la relación del exministro con el nuevo PPCV es mínima. Prueba de ellos es el vacío que Bonig y su entorno hicieron al expresidente en su última aparición pública en el cap i casal para dar una conferencia sobre la Constitución. De hecho, a Zaplana se le atribuye ya mucha más cercanía a Ciudadanos que al propio PP aunque él nunca dijo públicamente que estuviera en el proyecto de Albert Rivera ni que fuera a abandonar el partido.

Sólo algunos cargos arroparon al expresidente, un gesto que por cierto generó malestar en un parte del partido, sobre todo en el sector de Alicante liderado por José Císcar, que en su día libró la batalla más dura contra el zaplanismo.

A diferencia de lo que ocurría en la etapa de Gobierno de Francisco Camps, en la que Zaplana estaba vetado, ni el exjefe del Consell, Alberto Fabra, ni Isabel Bonig, tenían una relación tensa con el exministro. Era puntual, pero correcta. Poco más. Bonig, por ejemplo, aceptó situar a María Zaplana, hija de Eduardo Zaplana, como vocal en la ejecutiva regional y de hecho la militante está colaborando activamente en la gestora.

Ahora bien, que hayan pasado quince años desde que Zaplana dejó las riendas del PP valenciano y que el exministro haya estado totalmente al margen del partido, no evita que su nombre esté irremediablemente unino al PP valenciano y forme parte indiscutible de su historia. Esto lo sabe el PP de Isabel Bonig, cuyo proyecto de nuevo partido, ajeno a las corruptelas del pasado, muere en el intento conforme estallan los casos judiciales o policiales. La posibilidad de una agenda propia en el que el foco esté en los errores de la gestión del Botànic se desvanecen. A un año de elecciones, el arresto de Zaplana puede ser la estocada final de este nuevo PPCV.