La AP-7, en el tramo Tarragona-Alicante, lejos de ser rentable, ha empezado a ser un problema. Así lo denunciaban ayer por la mañana un centenar de personas que se concentraron frente a la Delegación del Gobierno, convocadas por la Confederación de Asociaciones de Vecinos (Cavecova), para reclamar la reversión y gratuidad de la AP-7, ante la finalización, en diciembre de 2019, de la concesión de Abertis sobre la autopista.
Los manifestantes aseguraron que mantener en vigor el peaje de la autopista que une Alicante con Tarragona ha provocado un aumento de la contaminación en las localidades cercanas.
«Desde la bajada del nivel adquisitivo de la población española, los usuarios prefieren elegir rutas alternativas al peaje, rutas que se desvían por los pueblos cercanos, aumentando el tráfico en ellos, así como el ruido y la emisión de gases contaminantes», subrayó el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro. Así, indicó, el número de vehículos que circulan por la AP-7 descendió de los 27.000 diarios a los 17.000.
Por esta razón, a la Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunitat Valenciana (Cavecova), se unieron organizaciones como la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, además de distintos alcaldes y representantes de los municipios por cuyos términos discurre la autopista o sufren las consecuencias de que sea de peaje, como el alcalde de Oliva David González; la concejala de Alaquàs Consol Barberà; y el alcalde de Pedreguer Sergi Ferrús, entre otros. Asimismo, también participaron en la concentración la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, o la concejala de Desarrollo Humano del consistorio, Consol Castillo.
El problema, sin embargo, va más allá, denunció ayer José Antonio Caballero, presidente de Cavecova con las desviaciones a otras carreteras para evitar el peaje de la autopista, también creció la siniestralidad en este tramo.
Y es que al aumentar los vehículos que circulan por estas carreteras alternativas (que poseen únicamente un carril para cada sentido), el número de colisiones se elevó. «Se registra casi un accidente por semana», lamentó Caballero.
Los concentrados, por tanto, que coreaban el cántico «AP7 gratuita», pidieron al Gobierno central que decida «qué hacer con la autopista», si establece o no una nueva concesión, y denunciaron que «la falta de otras infraestructuras, en un área que representa el 44,3 % del PIB toda España, no puede condenar a esta carretera a ser de pago eternamente».
