El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, presuntamente tejió una red nacional e internacional de blanqueo de capitales, supuestamente procedente de comisiones que comenzó a cobrar cuando era jefe del Consell, con la ayuda de varios amigos testaferros.

Una amistad que ha resultado de alto voltaje ya que junto al exministro de Trabajo de José María Aznar, también fueron detenidos el pasado martes el asesor fiscal de Zaplana, Francisco Grau Jornet, y un amigo «de toda la vida», Joaquín Miquel Barceló Llorens, compadre de la Peña Picarol de Benidorm, cantera de altos cargos durante la Generalitat zaplanista.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga desde hace dos años y medio, bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 8, todo esta presunta red de blanqueo en la «Operación erial». Aunque no es la primera vez que los investigadores de la Benemérita se topan con algunos de sus protagonistas y sus refugios preferidos para el dinero opaco.

Zaplana apareció con protagonismo propio en el Caso Lezo, que investiga en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional una presunta trama de corrupción en la gestión de la empresa pública del Canal de Isabel II (responsable del suministro de agua en la Comunidad de Madrid).

La UCO grabó a Zaplana y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González hablando de lo humano y lo divino pero tambien de pelotazos silenciados durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón (imputado en esta causa) y de un proyecto en común para adquirir una sociedad uruguaya destinada a la depuración de agua.

La empresa nunca llegó a crearse, a pesar de que contactaron con un conocido abogado uruguayo, Fernando Belhot, especialista en crear sociedades opacas, por lo que aparece en los conocidos como «Papeles de Panamá» sobre la evasión masiva de capitales.

Precisamente en Uruguay o Panamá es donde sospechan los investigadores que Zaplana escondía el dinero supuestamente atesorado por el cobro de presuntas comisiones durante su paso por la política.

Un entramado que la UCO de la Guadia Civil descifra desde hace dos años y medio y que no resulta fácil desmontar, ya que el dinero se depositaba en un país y era controlado por sociedades interpuestas desde otro.

Un dinero que habría viajado desde Suramérica a Europa (a través de países como Inglaterra, Luxemburgo y Andorra) para introducirse en España a través de empresas y testaferros que inyectarían el dinero en el entorno familiar y amistoso de Eduardo Zaplana.

Por eso la UCO también detuvo a la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, que ayer declaró ante la Guardia Civil, o el matrimonio formado por Joaquín Barceló y Felisa López, los presuntos testaferros del exministro de Trabajo. Barceló y López han tejido una voluminosa red de empresas que investiga la Guardia Civil.

Cargos en 49 empresas

Sólo Barceló ostenta once cargos activos y ocho históricos en 15 empresas relacionadas con la compraventa de bienes inmobiliarios (Barllors Investiments SL, Los Altos de la Carrasqueta SL, Gavina del Arsenal SL), la construcción (Gesdesarrollos Integrales, Obras Construcciones y Oficios) o las concesionarias de las autopistas de peaje alicantinas (Autopista del Sureste SA o Ausur SA), según la información del Registro Mercantil.

El asesor fiscal de Zaplana, Francisco Grau Jornet, también mantiene 11 cargos activos y 46 históricos en un total de 34 sociedades, según la información del Registro Mercantil, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.