La magistrada del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid investiga a Alberto Gomar, administrador gerente de la empresa Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturaba servicios para los socialistas valencianos, por el contrato que el Ministerio de Vivienda le adjudicó en el año 2009 por importe de 126.208 euros y en cuyo procedimiento un informe pericial detectó irregularidades que pudieran ser constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos.
Así consta en un auto de fecha 21 de mayo contra el que cabe recurso, en el que la instructora amplía resoluciones anteriores y acuerda tomar declaración en calidad de investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos a Alberto Gomar, dentro la investigación de la presunta financiación irregular del PSPV. Gomar está citado el 12 de junio a las 12.00 horas.
En el auto, la magistrada señala que consta la participación de Alberto Gomar en el procedimiento del contrato adjudicado a la empresa de la que era administrador-gerente, que le adjudicó en 2009 el Ministerio de Vivienda por importe de 126.208 euros --para la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012-- y sobre el que un informe pericial detectó la existencia de irregularidades.
Entre ellas, el informe cuestionaba la declaración en octubre de 2008 bajo la forma de "urgente" de la licitación, por parte del director del Gabinete de la ministra Beatriz Corredor; vio "una inobservancia grave" en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa en diversas sesiones y las sustituciones de algunos de sus miembros "cuya presencia no se acredita"; documentación "incorrecta" de empresas licitadoras; y una cronología "incoherente e imposible" en cuanto a los pasos de adjudicación.
De hecho, la pericial constataba que el informe técnico estaba fechado el 11 de diciembre, día en el que se reunió la mesa que propuso adjudicar provisionalmente el contrato a Crespo Gomar; se adjudicó provisionalmente el 15 de diciembre y se propuso la definitiva el 29 de diciembre, día en que se adjudica y se contrata, cuando el plazo de ejecución terminaba dos días después.
Otras citaciones
Asimismo, en una providencia también de 21 de mayo, la jueza fija las nuevas fechas de las declaraciones suspendidas recientemente porque varios investigados habían pedido ser defendidos por la Abogacía del Estado. La magistrada pidió a Fiscalía su posición sobre esta cuestión.
Se trata del que fuera jefe de Gabinete de la exministra Corredor, Nicolás Mateos; y su jefa de prensa, Eva Cuesta, y del exsubsecretario del Ministerio y expresidente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer, que ahora declararán también el 12 de junio a las 10.00; 11.00 y 10.30 respectivamente.
El informe pericial se presentó en el Juzgado de Instrucción número 21 de València, que investigó inicialmente la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011 antes de inhibirse a instancias judiciales de Madrid, Gandia y Benidorm.
El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid es al que le correspondió tras la inhibición esa investigación, en la que Fiscalía apuntó que indiciariamente los hechos presentan caracteres de prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos y falsedad documental
