Un juez de Alicante impuso ayer una multa de 150 euros al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de la que deberá responder con su propio patrimonio como máximo responsable de la Administración autonómica, al no haber atendido a sus requerimientos para que ejecutara una sentencia firme.

El auto que establece esta sanción fue dictado el miércoles por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, José María Magán, y advierte de futuras multas «coercitivas» si el Consell sigue sin ejecutar el fallo.

Los hechos se remontan a 2014, cuando el propio magistrado estimó el recurso de una trabajadora de la Conselleria de Sanidad contra la negativa del gerente del área de salud de Alicante-Hospital General al complemento salarial derivado por la carrera profesional por ser interina.

El fallo consideraba discriminatoria esta medida respecto a los funcionarios y obligaba a la Administración valenciana a pagar a la recurrente las diferencias salariales que dejó de percibir por este plus, más los intereses legales correspondientes.

Esa sentencia fue confirmada en marzo del pasado año por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y devino firme, ya que el Consell no llevó ningún recurso ante el Tribunal Supremo. El juez Magán acordó la ejecución «forzosa» de la resolución y para ello envió tres requerimientos, entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, a la Generalitat Valenciana, pero ninguno de ellos fue atendido.

«La Administración guardó el más absoluto silencio sobre el estado de la ejecución», afirma el magistrado en el auto, y tampoco respondió cuando reclamó que se identificase a las personas concretas responsables de dar cumplimiento a la sentencia.

Esa situación, que ha aglutinado tres requerimientos desatendidos en un total de ocho meses,es la que llevó a Magán a aplicar un artículo de la ley que le permite «imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala», que es lo que ha sucedido en esta ocasión con la Generalitat. Así, el presidente Ximo Puig, como máximo responsable de la Administración a la que se le hacen los requerimientos, deberá abonar la multa de 150 euros que exige el juez exige.