En su segundo mandato como presidente de la Generalitat y con una mayoría absoluta, Zaplana invocó el ideario del británico Tony Blair para avalar y avanzar en sus planes de privatizar la gestión de los servicios públicos, que en la primera legislatura llevaron a la venta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), hasta ese momento en manos de la empresa pública Sepiva. Un negocio por el que las arcas públicas ingresaron unos 37 millones de euros a finales de 1997.
El reparto de las ITV está siendo investigado por la juez del juzgado número 8 de València por el supuesto reparto de comisiones. Fue el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también detenido en la operación «Erial», el encargado de controlar la apertura de plicas de los diez grupos empresariales que aspiraban a la adjudicación de un suculento negocio. No faltaron a la puja las extintas grandes cajas valencianas Banjaca y la CAM a través de distintas sociedades participadas directa o indirectamente. Uno de los lotes fue para una UTE donde estaba Sedesa, de la familia Cotino. Ahí estaban Juan y Vicente Cotino, sobrinos del exconseller y expresidente de las Corts, Juan Cotino. Ambos fueron arrestados tras la investigación por el presunto pago de comisiones en estos contratos. La jueza cree que Zaplana recibió 6,4 millones en Luxemburgo.
Al parecer el estratega Blasco, también preso en Picassent tras su condena por el caso Cooperación, habría ideado el cambio normativo que elevó la rentabilidad de las ITV, al incluir pruebas nuevas como las sonometrías o la de gases contaminantes, que permitieron disparar el precio de 18,4 a 46,5 euros de media.
La UCO también ha puesto su mirada sobre las concesiones de los parques eólicos de la Comunitat, donde se otorgaron licencias en bloque sobre grandes zonas, en lugar de permitir a las empresas concurrir parque a parque. Proyectos Eólicos Valencianos, donde figuraba Sedesa y otros, rebició cuatro parques en la Canal de Navarrés y Alto Palancia.
