La cascada de sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que blindan la enseñanza concertada frente a la supresión de unidades promovida por la Conselleria de Educación ha insuflado entusiasmo en el sector ,que ve reforzadas sus tesis. Los pronunciamientos conocidos hasta ahora (aunque no son firmes) dan la razón a los colegios concertado que recurrieron, anulan parcialmente el decreto regulador y obligan a mantener las aulas no renovadas, incluido Bachillerato, FP e Infantil.

«Los colegios están eufóricos», sostienen en el sindicato mayoritario de la enseñanza privada y concertada (FISE), para el que «se ha hecho justicia» porque «no se puede cambiar la voluntad de los padres ni el futuro de los profesionales a base de cierres y recortes». El sindicato destaca fundamentalmente «el mantenimiento de los puestos de trabajo de los docentes» e insta al Consell a «recapacitar» y a volver a «negociar» para encontrar una solución al conflicto, tras la supresión de la Comisión Territorial de Conciertos donde se debatía el arreglo escolar. «Nosotros nunca hemos renunciado al diálogo», recalca FSIE.

En la misma línea, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, pide que las resoluciones judiciales sirvan para «poner fin» a la guerra abierta entre sector y la administración autonómica, que ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo. «No podemos estar continuamente judicializándolo todo: la educación debería ir por otros derroteros», sostiene Rodríguez, que ve «respaldada la existencia de la concertada, incluso en etapas postobligatorias» (siempre que se cumpla la normativa estatal), y tacha de «arbitraria» la resolución recurrida frente «al derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos». «Las sentencias generan tranquilidad en los centros, pero también una sensación de desasosiego. Lo ideal para los alumnos sería que no hubiera más sobresaltos y que volviéramos a la calma escolar, trabajando conjuntamente», zanja .

«Somos complementarios»

La conselleria, en cambio, defiende que no se puede obligar «a todos los valencianos» a subvencionar unas unidades que no considera necesario concertar, puesto que la oferta está «más que asegurada» con las plazas existentes en los centros públicos. Desde Educación subrayan que la valenciana «es de las pocas autonomías que concierta la etapa de Bachillerato».

Tras las sentencias, conocidas justo cuando se termina el periodo de matriculación, la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval-CEC) pone el foco en la anulación del principio de subsidiariedad de la concertada respecto a la pública aplicado por la Generalitat. «No somos subsidiarios, sino complementarios a la pública y coexistimos totalmente», manifiesta el presidente de la patronal, Alberto Villanueva. «La demanda social de la concertada está ahí y no es disfrazable. El Consell se tiene que dar cuenta de que tiene que gobernar para todos», zanja el dirigente. El PP también terció en el debate ayer para pedir responsabilidades después del «varapalo» del TSJ, que considera que «deslegitima» la política educativa del Botànic. Los populares piden que se retornen los conciertos y que se dé «estabilidad» a los centros.