La Policía Nacional puso ayer en libertad a los primeros ocho internos del CIE de València en cumplimiento de una orden de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que ha establecido esa medida ante la imposibilidad de poder cumplir con las expulsiones que ordena la ley en el actual Estado de Alarma. La situación se ha agudizado ahora, con el cierre total de las fronteras terrestres españolas decretado ayer por el Ministerio del Interior y con efecto desde la pasada medianoche, pero ya comenzó a darse la semana pasada, incluso antes de establecer el estado de excepcionalidad por la emergencia sanitaria que ha provocado la expansión del Covid-19.

De hecho, la semana pasada fue paralizada la expulsión de un ciudadano colombiano que había agotado el tiempo de internamiento en el CIE valenciano porque su propio país, Colombia lo rechazó. La deportación debía hacerse efectiva a las 7.00 horas del miércoles, cuando debía embarcar en el aeropuerto de Manises, pero fue detenida después de que las autoridades colombianas informasen a las españolas de que no lo aceptaban porque procedía de uno de los focos críticos europeos de contagio del coronavirus.

Todo apunta a que en el plazo de unas horas, o días como mucho, se produzca la orden general de dejar en libertad a todos los ingresados en los centros de internamiento españoles, sin esperar a que se agote el tiempo de detención máximo de 60 días que fija la ley, dados los cierres de fronteras. A fecha de hoy, en el de València quedan 48 internos.

La propia Policía Nacional, encargada de la custodia de los internos, considera «ilógico» que se retrase esa orden de liberación masiva cuando «es obvio que ha de hacerse porque no hay ninguna posibilidad de devolución».