Ramón Marín, Castelló

Un informe interno del Ministerio de Agricultura ha revelado que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, alteró ante la juez de Nules el contenido de la reunión mantenida en 1999 con el entonces ministro, Jesús Posada, para interesarse por las licencias de productos fitosanitarios. El escrito evidencia que la entrevista tuvo como objetivo preferente el de interesarse por la autorización de los insecticidas de Naranjax, la empresa de Vicente Vilar, quien cuatro años después acabaría denunciando al líder del PP ante los tribunales el pago de favores políticos. Fabra siempre ha negado que haya mediado ante el Gobierno central en favor de Naranjax.

En su declaración en el juzgado de Nules como imputado por «uno o varios» delitos contra la Administración pública a raíz de la denuncia del empresario, Fabra también trastocó la fecha en que se desarrolló la reunión. Aseguró que tuvo lugar el 19 de julio de 1999, cuando en realidad tuvo lugar una semana antes, el 12 de julio. El cambio de fecha pone en cuestión la teoría que ha mantenido Fabra ante la Justicia de que la reunión se celebró después de que el ministerio autorizara la comercialización del producto. El encuentro del dirigente popular con el ministro Posada se desarrolló dos días antes de que la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios emitiera un informe favorable al registro de la abamectina, un insecticida contra el minador de los cítricos desarrollado por la Naranjax.

A la vista del documento, la declaración judicial de Fabra presenta sombras de sospecha que la juez deberá investigar si decide incorporar el documento a la causa. El presidente de la diputación remarcó ante la juez Isabel Belinchón, la primera instructora del caso, que la reunión no había abordado los problemas concretos que tenían los productos fitosanitarios de Naranjax. El documento citado lo desmiente con rotundidad. El entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, remitió al ministro, el 8 de julio, una nota sobre la visita de Carlos Fabra cuyas primeras líneas no pueden ser más explícitas: «El presidente de la Diputación de Castellón se interesa por la situación de los expedientes de registro de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax...». Milán también está imputado en la causa.

El informe que ahora sale a la luz pública incluye una nota «confidencial» de la Subdirección General encargada del Registro de Productos Fitosanitarios en la que se resumen las «tormentosas» relaciones de Naranjax con el ministerio. El responsable técnico del registro de fitosanitarios relataba el 7 de julio las dificultades administrativas existentes para la salida al mercado de los productos, entre ellos el de Naranjax, y enmarcaba el retraso en la falta de recursos humanos y materiales para aplicar la estricta legislación europea. Una semana después, el Abac, que a la postre se revelaría como el producto estrella de Naranjax, recibía el visto bueno ministerial.

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El documento, desvelado ayer por Radio Castellón, confirma sólo algunos de los aspectos que otros participantes en la reunión habían explicado. Juan Costa, quien ocupaba en la fecha el cargo de secretario de Estado de Hacienda, admitió haber acompañado a Fabra en la visita para interesarse por el funcionamiento del punto de inspección fronterizo de vegetales. Este punto consta en el orden del día de la reunión, a la que también asistieron el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, ambos del PP. Los dos han salido a la palestra como interlocutores de Vilar en sus contactos con los ministerios de Agricultura y Sanidad. Prim es otro de los 14 imputados.