La vivienda desata una guerra entre el Síndic y Blasco

Cuatro altos cargos de la Conselleria de Territorio, con su titular, Rafael Blasco, al frente comparecieron ayer para rebatir el informe del Síndic de Greuges sobre El acceso a la vivienda de los colectivos sociales más desfavorecidos que ha causado, según el conseller, una «alarma social, absolutamente injustificada».

Blasco aseguró que no pretendía «abrir polémicas», sino «dar información objetiva». Pero calificó el informe del Síndic de «inexacto, poco trabajado, poco contrastado con datos oficiales y con juicios de valor desafortunados que inducen a afirmaciones que no se corresponden con la realidad».

El informe del Síndic de Greuges, basado en datos incluídos en la web de la propia conselleria y del Consejo Superior de Arquitectos de España, revelaba que «los municipios de la Comunidad construyen un número insuficiente de viviendas de protección oficial (VPO) ya que sólo un 6,03% de las viviendas que se construyen son protegidas». También criticaba a Territorio por incumplir «algunas de las recomendaciones que se le hicieron desde la institución en 2003 y poner bastantes obstáculos» para facilitar datos.

Por contra, la Conselleria de Territorio acude a los datos del Plan de Vivienda 2002-2005 del ministerio de Vivienda, también «disponibles en la web», en los que se reflejan que en estos cuatro años se concedieron ayudas para 54.504 actuaciones de VPO cuando los objetivos del plan eran de 31.550, «lo que supone una tasa de eficacia del 170%», explicó la secretaria autonómica, Cristina Serrano. Estos datos se refieren a viviendas subvencionadas de iniciativa pública y privada.

Respecto a las cifras de esta legislatura, Serrano aseguró que desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2005 se han construido 180.046 viviendas de las que más de 20.000 son VPO de nueva construcción, lo que representa el «11,3% de todas las viviendas construidas», frente al 6,03% que ofreció Del Rosal. No obstante, Territorio matiza que «el porcentaje aumenta al 20-21% si se eliminan del total el 50% que corresponde a viviendas de segunda residencia». Serrano también quiso destacar la reserva de suelo para VPO en la Comunidad, «4,5 millones de metros cuadrados que supondrán entre 25.000 y 30.000 VPO y que el Síndic ha menospreciado».

A Serrano, le siguió el director general de Vivienda, Bernabé Bueno, quien recordó el esfuerzo de la conselleria en la firma de convenios con asociaciones, las iniciativas en rehabilitación y alquiler.

Concluyó el gerente del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), José Fermín Doménech, quien dijo querer contestar a «pescadores escabrosos que intentan pescar en el río revuelto». Dio datos sobre las actuaciones del Ivvsa que no sólo dejaron mal parados a los gobiernos socialistas sino también a la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), de quien dependía el Ivvsa hasta 2003. Según Doménech, el Ivvsa construyó 818 VPO entre 1987 y 1995; 1.572 VPO entre 1996 y 2002 y, desde que el equipo de Blasco tomó las riendas del Ivvsa, «se han promovido 3.371 VPO [642 viviendas están terminadas, 1.253 tienen calificación provisional 2.000 la tendrán en breve]».

El Síndic de Greuges respondió, «excepcionalmente», a las declaraciones de cargos de Territorio que «han puesto en duda la objetividad e imparcialidad de esta institución». Tras alabar la colaboración de la conselleria en la tramitación de las quejas, insistió en que el departamento de Blasco sigue sin facilitarles dos tipos de datos «esenciales»: «el número de VPO promovidas y entregadas por la Conselleria en los últimos tres años y una copia de las listas de espera, elaboradas por la conselleria, para acceder a una VPO». Sobre los datos «controvertidos» de su informe, aseguró que «la fuente principal son dos estudios de la conselleria publicados en su página web». La oposición criticó ayer duramente al titular de Territorio. Antoni Such (PSPV) aseguró que el informe de la Sindicatura «demuestra que el presidente de la Generalitat mintió cuando le preguntaron sobre VPO en la sesión de control parlamentario» y ratifica los datos del PSPV de que sólo una de cada diez viviendas es protegida. Joan Antoni Oltra (EU-l$27Entesa) calificó a Blasco, de «totalitario» por «atacar» al Sindic y no aceptar sus críticas ante la falta de inversión del Consell en VPO.