R. L./Efe,/J. Antequera, Valencia/Castelló
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por varios delitos contra la Administración Pública «no se va a retrasar a consecuencia de la renuncia de dos fiscales Anticorrupción», que han pasado a la abogacía privada.
Según manifestó en Valencia, donde pronunció una conferencia en el Colegio de Abogados, «la Fiscalía tiene suficientes elementos de trabajo para que el asunto pueda llegar a buen término», a pesar de las citadas vacantes. Y añadió que, «actualmente hay un fiscal, Luis Pastor, muy competente encargado de la investigación que era el decano de los fiscales de Delitos Económicos en Madrid y que se ha estudiado el caso con su antecesor, con el que ha estado trabajando un mes para que no haya ninguna disfunción», agregó.
En cinco meses, el caso Fabra ha tenido dos fiscales Anticorrupción. El primero de ellos dejó el puesto en septiembre y el segundo, hace un mes.
Por otro lado, Conde-Pumpido también se refirió al nombramiento del nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, cargo para el que ha sonado el nombre del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo.
Desde la destitución de Eduardo Fungairiño de este cargo, se han oído varios nombres para ocupar el puesto. Pese a que el nombre de Cabedo estaba entre los favoritos por su experiencia y proximidad con el fiscal general, al final Conde Pumpido ha desistido de seguir pidiéndole que presente su propuesta ante sus reiteradas negativas, según fuentes cercanas. En estos momentos se ha prorrogado hasta el martes la fecha para presentar peticiones «por motivos administrativos» y no será hasta«después de Semana Santa» cuando se vote un candidato en el Consejo Fiscal, añadió.
Cargos del PP ante el juez
En otro orden de cosas, ex altos cargos del anterior Gobierno del Partido Popular prestan declaración hoy como imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Nules para explicar el proceso de aprobación de licencias de más de 30 productos insecticidas fabricados por Naranjax y distribuidos por Artemis 2000 que supuestamente salieron al mercado con documentación falsificada.
Entre ellos está el ex senador del PP Miguel Prim; el ex director general de Agricultura, Rafael Milán; y Rubén Moreno, ex secretario general de Gestión Sanitaria.
