Levante-EMV, Valencia
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, lamentó ayer que «el Gobierno de España no haya aún abierto la boca para defender los intereses de la Comunidad Valenciana y de España ante las instancias europeas». Esta «impresentable inacción» del Ejecutivo ha impedido, según dijo Blasco en un comunicado, que la Comisión Europea «cierre de una vez por todas el procedimiento abierto contra la legislación urbanística valenciana y haya contribuido a una campaña de desprestigio contra la Comunidad».
Según el conseller, «este proceso está siendo demasiado largo»por lo que «espera y confía en que el Tribunal de Justicia Europeo dilucide sobre la legislación urbanística». La resolución judicial es el último paso al que puede llegar la Comisión Europea en el expediente de infracción abierto ayer. Y añade que este procedimiento «no supone novedad alguna, ya que el 1 de febrero anunciamos que la ley urbanística valenciana (LUV) se ajustaba a las directivas europeas, a excepción de las cuestiones relativas a contratación pública y a expropiaciones, que son competencia del Estado. Estamos muy tranquilos y ansiosos de que este procedimiento finalice cuanto antes». Y denunció que «el Gobierno de Zapatero no respeta a Europa porque no ha transpuesto la directiva de contratación antes del 31 de enero».
Tras arremeter contra el Gobierno, Blasco defiende la ley redactada desde su departamento. «La LUV ha subsanado las objeciones del dictamen motivado de la comisión. Obliga a que las bases particulares para la selección del urbanizador incluyan los criterios de adjudicación, que el anuncio de licitación se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de la fecha de su inserción en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y la ampliación de los plazos previstos para la presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas».
Blasco asegura que el Consell dispone de informes y dictámenes jurídicos, como el del jurista Eduardo García de Enterría, «que evidencian la correcta actuación de la Generalitat en el dictamen motivado abierto contra la LRAU socialista». Y lamentó la «desinformación de Europa sobre el urbanismo valenciano, fruto de la irresponsabilidad del PSOE con reportajes tendenciosos como el de Informe Semanal, que han motivado que la CE continúe el procedimiento contra la LUV».
Adelantó que el apoyo jurídico de expertos permitirá al Consell responder antes de los dos meses de plazo concedidos por Bruselas. Y sostuvo que «es totalmente falso» que la LUV haya producido una avalancha de planes. La Generalitat ha remitido a Europa el listado de 70 PAI aprobados desde enero de 2004 hasta ahora. Aunque los PAI en trámite suman 120.