El Gobierno afirma que el expediente de infracción europeo sólo atañe a la Generalitat

Levante-EMV/E. P., Valencia/Madrid

El Ministerio de Economía aseguró ayer que «no tiene ningún sentido» el argumento esgrimido por la Generalitat para justificar el nuevo nuevo expediente de infracción abierto contra la ley urbanística valenciana (LUV). Según el Consell, es el Gobierno el que deba adaptar la ley de contratos de las administraciones públicas (LCAP) estatal a tres directivas europeas (de los años 1992, 1993 y 2004) y defiende que la LUV cumple con la normativa europea.


Desde el Ministerio de Economía aseguraron ayer a Levante-EMV que las directivas de los años 1992 y 1993 ya esta transpuestas al ordenamiento jurídico español y que la única que falta por adaptar es la del año 2004, aunque el anteproyecto de ley ya está redactado. «En cualquier caso la Comisión Europea no plantea ninguna cuestión relativa a directiva de 2004. Lo que hace es advertir a la Generalitat que los programas de actuación integrada deben someterse a la ley de contratos en cuestiones de publicidad o dar garantías a los que concurran en competencia en los concursos», entre otros asuntos.
Respecto a la ley del suelo, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, sostuvo ayer en el Congreso que la normativa que prepara el Gobierno incluye una «acción global» para luchar contra el fraude y la especulación inmobiliaria, y recalcó que los principios «novedosos» de la futura ley evitará casos de corrupción como los sucedidos en Marbella y en la Comunidad Valenciana. Trujillo respondía a una interpelación planteada por la diputada valenciana de IU-ICV, Isaura Navarro, sobre diversos casos de especulación y corrupción en el Mediterráneo, que afectan «a miembros del PP y del PSOE que trabajan para el dueño de Marina d'Or».
Desde el PSPV, el secretario de Medio Ambiente, Francesc Signes, pidió la retirada del nuevo reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística -en trámite de consultas- hasta que la LUV se adapte a las directivas europeas porque «permite aprobar PAI por silencio administrativo y al Consell sacar tajada de los pelotaos urbanísticos».