Levante-EMV, Castelló
El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes-Iniciativa per Cataluña promovió ayer el debate en el pleno del Congreso alrededor de la corrupción de la política urbanística en el litoral, tras el escándalo registrado en Marbella. La diputada valenciana Isaura Navarro, de EU, presentó un dossier con las que, a juicio de la formación que representa, constituyen las pruebas de la presunta corrupción en la Comunidad Valenciana. La receptora de las críticas, por parte del Gobierno, fue la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
Durante su intervención, Navarro apuntó que «Castelló es el paradigma de la marbellización» y puso el ejemplo del programa de actuación integrada de Mundo Ilusión. Desde la tribuna del Congreso, la diputada reveló la existencia de dos concejales del PP en el Ayuntamiento de Cabanes contratados por la empresa adjudicataria del PAI, Marina d'Or, así como dos hijos de ediles del PSOE de la misma corporación y la secretaria general del partido socialista en Orpesa, también en la nómina de la misma sociedad. Concejales que votaron a favor de la adjudicación a la firma del PAI, un proyecto que supone la urbanización de más de 20 millones de metros cuadrados de suelo.
Navarro instó al Gobierno a evitar perjuicios futuros, como en Marbella.La diputada de IU resaltó otro caso de presunta corrupción político-urbanística en Castelló, el de Burriana, a cuyo alcalde, Alfonso Ferrada, del PP, consideró un elemento del «imperio inmobiliario» que maneja el líder provincial del PP, Carlos Fabra, triple imputado en los juzgados de Nules.