Del Rosal denuncia los abusos urbanísticos de los ayuntamientos

P. Rostoll, Alicante

Las quejas relacionadas con asuntos urbanísticos son de las que más han crecido en el informe anual sobre la gestión de la Sindicatura de Greuges. De hecho, un 16% del total de denuncias que recibió la Sindicatura en 2005 estaban relacionadas con la actividad del urbanismo coincidiendo con los varapalos de la UE a la Generalitat por su política de ordenación del territorio.


El informe de la Sindicatura no deja de lado esta situación. «Este año hemos detectado una preocupante aumento en la tendencia, evidenciada por diversos ayuntamientos, de desarrollar grandes porciones de suelo al margen del plan general de ordenación urbana, sin modificarlo ni revisarlo previamente, y haciendo un uso abusivo de la potestad, excepcional y restrictiva, de aprobar los señalados planes parciales de mejora», apunta textualmente la memoria anual rubricada por Bernardo del Rosal.


La Sindicatura, además, ha registrado numerosas quejas sobre la autorización para la construcción de campos de golf, que el Consell ha impulsado por ley y con gran incidencia en las comarcas alicantinas. El informe del defensor del pueblo valenciano, que en esta ocasión pone como ejemplo un proyecto en las inmediaciones de Gandia, constata que la mayoría de las denuncias coinciden en la «falta de transparencia» con la que las instituciones públicas tramitan las autorizaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones.
Además, pone el macroplán urbanístico de Rabassa, que prevé la construcción de más de 15.200 viviendas en Alicante, como ejemplo de un proyecto impulsado a espaldas de los ciudadanos, según consta en el informe anual que el Síndic, Bernardo del Rosal, entregó el martes en las Cortes correspondiente a 2005.


Del Rosal advierte de que los planes con fuerte oposición vecinal son muy difíciles de llevar adelante y critica con dureza el «abuso» en el que, a su juicio, está incurriendo la administración local a la hora de aprobar proyectos urbanísticos al margen del planeamiento general.
El comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos de los ciudadanos parte de la base de que, en su opinión, los gobiernos municipales deberían tener más en cuenta las opiniones de los censados a la hora de poner en marcha su gestión urbanística. «Los vecinos se sienten muchas veces ignorados por las autoridades públicas que toman decisiones -afirma- sin contar con sus opiniones, observaciones y sugerencias».
Del Rosal, que el próximo domingo acaba mandato, avisa de que, en este contexto, «son muchas las dificultades que existen para desarrollar proyectos urbanísticos trazados a espaldas de los ciudadanos y con la oposición de los vecinos», añade el síndic.