El Síndic advierte al Consell que la «proliferación» de barracones no garantiza una enseñanza de calidad

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, advierte en la memoria de la institución de 2005 que la «proliferación» de aulas prefabricadas en la Comunidad Valenciana es incompatible con el derecho a una enseñanza de calidad. El Síndic denuncia otras manchas en la gestión pública en materia educativa, como la falta de una regulación del número de alumnos de 0 a 3 años por aula y la lentitud en cubrir las bajas del profesorado.

Julia Ruiz, Valencia

La situación creada por la «proliferación» en la Comunidad Valenciana de instalaciones escolares integradas total o parcialmente por unidades o módulos prefabricados es, en palabras del Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, un problema de «gran calado social» que tiene su reflejo en la memoria de la institución de 2005. Del Rosal advierte a la Conselleria de Educación que los barracones no aseguran «las condiciones básicas idóneas que promuevan la adecuada satisfacción del derecho a la educación de calidad», y le recuerda que sólo debería acudirse a este tipo de instalaciones «con carácter residual y, en todo caso, provisional».
Las reflexiones de Del Rosal, que cesará en el cargo el próximo domingo, suponen un varapalo al Consell, que siempre ha tratado de minimizar las denuncias de la oposición sobre las deficiencias en las instalaciones educativas, alegando que si había barracones era porque se estaban construyendo muchos colegios. Casi dos años después de que el presidente Francisco Camps anunciara un plan de eliminación de barracones, dentro del programa CreaEscola, Del Rosal habla de «proliferación». Aunque no hay datos oficiales, el PSPV maneja cifras escandalosas: más de 2.000 unidades prefabricadas y unos 40.000 escolares afectados. Con presupuestos en la mano se sabe que 1995 empezó con una partida de 360.000 euros y que, 10 años después, el Consell está destinando cerca de 20 millones de euros al alquiler de este tipo de instalaciones provisionales.
Del Rosal da cuenta de varias quejas de ciudadanos, motivadas por esta situación en la memoria de 2005, e insiste en la «clara relación que media entre la calidad de las instalaciones docentes y la calidad de la Educación». Sin embargo, el derecho a una educación de calidad no solo resulta menoscabado en la Comunidad por los barracones. El Síndic alerta sobre las consecuencias de la no cobertura de las bajas y las ausencias del profesorado. Pide que «sean cubiertas inmediatamente, de manera que no exista un período de tiempo de vacío educativo o que, en caso de existir, esté presente la menor duración posible». Y va más allá en su exigencia: «La Administración no se puede contentar con garantizar tan solo la cobertura de las bajas, sino que en aquellos casos en que estas sean reiteradas y habituales o previsibles, el esfuerzo desplegado debe ir encaminado a evitar los efectos perjudiciales que el cambio continuo de profesorado y la pérdida habitual de horas lectivas pudiera generar en la educación de los alumnos». Del Rosal cita como efectos perversos la desorientación de los menores, la desmotivación del alumno y, lo que es más grave, «el riesgo de no detección o de desatención de los alumnos con necesidades educativas especiales». El Síndic recomienda un plan de actuación específico que permita la adecuada gestión de los recursos humanos.
Del Rosal dedica una especial atención a los problemas de las personas con necesidades especiales educativas. Lamenta «la falta de dotación de educadores que asistan a estos menores» y recuerda a la Administración que debe garantizar «la plena integración social de estas personas».
La radiografía que el Síndic de Greuges hace sobre la situación de la educación en la Comunidad Valenciana se completa con las 120 quejas en materia educativa presentada por los ciudadanos y las 24 quejas de oficio que el Síndic inició en 2005.
Varias de ellas tienen por objeto hacer una análisis global del funcionamiento del sistema educativo. Especial interés merece la investigación abierta por el Síndic sobre la ratio de alumnos de Educación Infantil. Del Rosal indica que existe un «vacío legislativo» sobre la ratio de alumnos por aula en la educación de 0 a 3 años y califica esta cuestión como «de la más alta importancia» por la repercusión que puede tener sobre la calidad de la atención, «dada la especial vulnerabilidad que en razón de su edad presentan dichos menores». El Síndic ha instado a la conselleria a regular esta cuestión. Además, mantiene abiertas las quejas de oficio de 2004 sobre la política de integración de alumnos inmigrantes, la insuficiente dotación de personal docente para impartir enseñanzas de música y educación física, y los menores en situación de absentismo escolar.