J. E. Munera, Alicante
La Diputación de Alicante, presidida por el zaplanista José Joaquín Ripoll, ha decidido poner fin a la cesión de uso del edificio que Televisión Española (TVE) ocupa ininterrumpidamente desde 1987 en la avenida de Dénia de Alicante. Aunque la corporación provincial justifica su decisión en la indebida solicitud de prórroga del convenio por parte del ente público, miembros del comité de empresa y el PSPV la achacan a una «represalia política» por la cobertura informativa del caso de Terra Mítica y las facturas falsas por parte de TVE. «Es un nuevo caso de persecución por parte del PP contra el ejercicio de la libertad de información», declaró Patxi Pascual, secretario general de CC OO en RTVE de la Comunidad Valenciana.
Los cuatro trabajadores del ente público en Alicante inician hoy su última semana en el edificio propiedad de la diputación, toda vez que el convenio expira el próximo día 21, según el decreto emitido el pasado día 8 por la diputada de Economía y Hacienda y vicepresidenta de la institución, Mari Carmen Jiménez. En dicho escrito consta que el ente público presentó dos solicitudes para la renovación del acuerdo de cesión de uso del inmueble los pasados 9 de enero y 16 de marzo. No obstante, el decreto refleja que TVE «no manifestó en forma su voluntad de prórroga con la antelación exigida» por la cláusula segunda del citado convenio, que fija una antelación mínima de seis meses para su renovación. Así, la diputación considera «extemporáneo» y «fuera de plazo» el ejercicio de petición de prórroga por parte de TVE, porque debió formalizarlo antes del 21 de diciembre de 2005.
Sin embargo, y frente al rigor legalista que ahora aplica el Área de Economía, fuentes del ente público confirmaron que en más de una ocasión en el último año, Ripoll había dado garantías verbales de que el convenio se renovaría sin problemas. En esta ocasión, el asunto que molesta a los dirigentes populares de la Diputación, de clara mayoría zaplanista, es la cobertura prestada al proceso judicial abierto por el presunto fraude de facturas falsas en Terra Mítica, en el que un empresario implicó al portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana. Así lo sostienen, al menos, CC OO y el grupo socialista de la corporación. «El PP presiona ahora para que no salga el caso de Terra Mítica como antes hizo con la depredación urbanística», explicó el secretario de CC OO. «Nos intentaron sacar de Valencia y ahora lo intenta en Alicante. No van a parar», añadió.
