Lledó Vitores, Castelló

La VIU es un paso más en una polémica entre las administraciones gobernadas por el PP y la Universitat Jaume I que viene de lejos. Al menos desde que hace más de un lustro el presidente de la diputación, y del PP provincial, Carlos Fabra, afilara el verbo y esgrimiera la teoría de que «quien paga manda» en relación a la gestión universitaria, y la no menos ácida de que la Universidad «era un refugio de ayatolas».

El proyecto de la Universidad Internacional Valenciana ha vuelto a despertar el ruido entra unos y otros. La UJI vio con malos ojos, desde el primer momento, que la sede central se ubicara en Castelló.

Era un proyecto para ensombrecer el proyecto universitario de Castelló, en el que el PP no tiene ninguna influencia. El rector, Francisco Toledo, contraatacó solicitando al Estado el uso del antiguo edificio central del Ministerio de Hacienda para ubicar en él la sede de la ciudad, lo que desató una campaña de acoso y derribo del PP municipal.

Toledo se ha mostrado especialmente crítico con la VIU. Según ha remarcado, «no hay necesidad de una nueva universidad».

Entre los argumentos que alega el rector de Castelló destaca que, mientras las universidades públicas llevan un año de espera sin recibir los 12 millones de euros de inversión prometidos por el Consell para infraestructuras, el Gobierno valenciano «parece que sí tiene dinero para este proyecto».

La última controversia ha sido el nombramiento de un profesor de la UJI como secretario de la fundación que impulsará la universidad virtual. Hace unos días se publicó que Juan Manuel Badenas Carpio está ejerciendo la abogacía sin haberlo comunicado a la Universidad y sin dejar la dedicación exclusiva. El consejo de dirección universitario ha decidido abrir un expediente informativo al profesor, que puede ser el cabeza de turco de un conflicto entre administraciones alentado a muchos kilómetros de distancia.