Julia Ruiz, Valencia

La crisis interna que vive el Partido Popular por el conflicto no resuelto entre zaplanistas y campsistas volvió a salpicar ayer la gestión del Consell. La Conselleria de Economía y Hacienda, que dirige Gerardo Camps, impidió ayer que Función Pública firmara con los sindicatos el decreto que contiene medidas para la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos al no aportar el informe preceptivo. Horas después, el departamento de Gerardo Camps se apropiaba del proyecto y convocaba a los sindicatos a una reunión del Plan Valenciano para el Crecimiento y el Empleo (Pavace) la semana que viene para firmar el mismo acuerdo que la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas había tenido que dejar encima de la mesa por carecer del visto bueno de Hacienda.

No es la primera vez que la Conselleria de Economía arrebata al departamento que dirige el zaplanista Miguel Peralta la foto con los sindicatos. Ya lo hizo a finales del año pasado con la subida salarial de los empleados públicos que Función Pública pactó con los sindicatos . Hacienda bloqueó el informe y, después, convocó a los sindicatos al Pavace para firmar un acuerdo que tradicionalmente se ha hecho en el ámbito de la Mesa General de Negociación de la Función Pública, órgano competente para para tratar estos asuntos y que depende del departamento Justicia y Administraciones Pública.

La maniobra se repitió ayer. El decreto con las medidas de conciliación, inspirado en el Plan Concilia que el Gobierno aprobó para los funcionarios del Estado, había sido elaborado desde Función Pública y negociado con los sindicatos. Salvo algunos flecos el acuerdo era previsible. La semana pasada, la conselleria convocó la Mesa Sectorial de Negociación de la Función Pública, pero tuvo que aplazarse al no llegar el informe de Hacienda. CC OO convocó protestas frente al Palau de la Generalitat y logró reunirse con el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, al que pidió que mediara para que Hacienda autorizada un proyecto, que además, carece prácticamente de impacto económico. La Mesa volvió a convocarse ayer, aunque no llegó ni a celebrarse, ya que los sindicatos plantaron a los responsables de la Administración al conocer que el informe de Hacienda seguía sin llegar. La indignación entre los representantes sindicales fue mayúscula.

Malestar sindical

Las federaciones de servicios públicos de CC OO y UGT emitieron sendos comunicados de prensa en los que condenaban el «pisoteo» a los derechos de los trabajadores. Mas tarde, al conocer que Hacienda firmaría en su propio terreno el acuerdo instaban al presidente a resolver los conflictos de su partido y que estos no repercutieran sobre los empleados públicos.

Por su parte, Economía emitía un comunicado en el que venía a justificar la convocatoria del Pavace en que estaba estudiando la aplicación del Plan Concilia a todos los empleados públicos que no están presentes en la Mesa Sectorial de la Función Pública, como es el caso de los de Sanidad, Educación y Justicia. El proyecto de Función Pública solo está pensado para los empleados del sector de la Generalitat.