Cullera permitió que la finca tapara las vistas porque el promotor asumía la indemnización

Maite Nácher, Cullera

La sentencia emitida por el Tribunal Supremo en la que se condena al Ayuntamiento de Cullera y a la empresa promotora Florazar S. A. a compensar a la Comunidad de Propietarios del edificio Casa d'Anna, no perjudicará a las arcas municipales. Este pleito judicial entre dos fincas de la playa del Racó de Cullera: Casa d'Anna y Florazar V, ha acabado con un fallo del Supremo que sienta jurisprudencia: la indemnización a los vecinos de Casa d'Anna que fueron perjudicados por la reducción de sus vistas al mar al modificarse el diseño de la finca de al lado, Florazar V.


La ejecución de esta sentencia, de la cual adelantó ayer Levante-EMV, no conllevará en todo caso un quebranto económico para las arcas municipales del Ayuntamiento de Cullera. Aunque en este momento dicha ejecución de la sentencia se encuentra en trámite, y habrá de ser el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana(TSJ) el que resuelva la compensación que recibirán los propietarios afectados, el asesor de urbanismo del consistorio cullerense, Salvador Bañuls, confirmó ayer que existe un convenio firmado entre la promotora Florazar S.A. y el Ayuntamiento de Cullera que establece que será la empresa quien asuma los costes económicos en el caso de que se produzca una sentencia favorable a los propietarios, tal y como finalmente ha ocurrido.

Votación plenaria

Fue a finales de 1997, cuando la Comunidad de Propietarios de Casa d'Anna pidió que se anulara el acuerdo plenario del mes de mayo de aquel año, en el que el ayuntamiento aprobó un Estudio de Detalle donde se reordenaban los volúmenes de la parcela en la que la empresa Florazar S. A. iba a construir su edificio. Una modificación que no debiera haberse dado en este tipo de documento.
Ya en aquel debate plenario, el PSOE, antes de votar en contra, recordó las alegaciones que los vecinos del edificio Casa d'Anna habían presentado para oponerse a esta actuación. Sin embargo, la aprobación siguió adelante, apoyada por PP, UV, APC y el grupo independiente EPI. Fue el entonces concejal de urbanismo, miembro de este último partido, Antonio Moreno, quien esgrimió que los informes de los técnicos municipales eran favorables, que el Estudio de Detalle realizaba una «mínima modificación de la forma de edificación» y que ni se perjudicaba las vistas, ni la brisa, ni el soleamiento de las fincas levantadas en el entorno del edificio Casa d'Anna.

Convenio entre las partes

Curiosamente, casi un año después de la aprobación plenaria, se firmó un peculiar convenio. El 16 de marzo de 1998, por medio de una resolución del concejal de urbanismo, se otorgó la licencia de obras a la mercantil Florazar S. A., y el mismo día se formalizó también un acuerdo entre la empresa promotora Florazar S. A. y el Ayuntamiento de Cullera, mediante el que el consistorio se eximía del pago de una posible indemnización a los propietarios del edificio Casa d'Anna, en el caso de que el recurso presentado por éstos un año antes llegara a buen puerto. El gobierno local era consciente del riesgo.
Bañuls explicó ayer que este convenio detalla que si prosperaba la demanda de los propietarios debería de ser la empresa Florazar S. A. quien asumiera la responsabilidad económica, como finalmente ha sucedido. El asesor de urbanístico municipal destacó que el consistorio cullerense «actuó bien, porque se previno entonces por si las cosas salían mal», subrayó.