José M. Rambla, Valencia
Un joven valenciano que se encontraba realizando labores de observación de los derechos humanos en México fue detenido el pasado jueves en la capital del estado de Oaxaca, donde desde hace meses se vive una grave conflictividad social. Alfonso G. F. se encuentra en la actualidad a disposición del Instituto Nacional de Migración, que tramita su deportación tras acusarle de participar en los disturbios que vive la región.
El activista por los derechos humanos fue arrestado por agentes de la policía, junto con una ciudadana argentina, durante el registro de un centro cultural de la ciudad de Oaxaca. Inicialmente, su nombre se incluyó entre las decenas de personas desaparecidas en la localidad desde la intervención de la Policía Federal Preventiva, a principios de noviembre, contra las protestas impulsadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Sin embargo, miembros de los colectivos valencianos de solidaridad pudieron confirmar que había sido detenido y trasladado hasta México DF.
En un primer momento, se especuló con que el joven valenciano pudiera haber sido deportado ya hacia España el pasado domingo. Sin embargo, las últimas noticias recibidas confirmaban que permanecía en México y que, en estos momentos, disponía ya de asistencia jurídica que estaría tramitando un recurso contra la orden de expulsión.
Desde el movimiento solidario de Valencia se alertaba del incremento de la represión en Oaxaca. «El caso no es aislado», comenta Lola Cubells del colectivo Caragol; «del mismo modo que se están intensificando las detenciones contra mexicanos, se está actuando con la misma dureza con los extranjeros, sólo que a los primeros los están trasladando a la cárcel de Nayarit, en el estado limítrofe con Oaxaca, y a los extranjeros los deportan».
La violencia en Oaxaca se ha acrecentado en los últimos meses tras la intervención del gobierno federal para poner fin a lo que comenzó hace más de cinco meses como una protesta laboral de los maestros oaxaqueños.
Una movilización que, finalmente, se transformó en un amplio movimiento popular que, articulado en la APPO, viene reclamando la dimisión del gobernador del Estado, Ulises Ruiz, por la forma en que ha reprimido las protestas.Alfonso G. F. no es el único valenciano que se trasladó hasta Oaxaca al estallar el conflicto social. Otros activistas de los derechos humanos se encuentran en la región, desde donde vienen denunciando la presión y el acoso que, en las últimas semanas, se están incrementando por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos paramilitares.
Según la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, desde el inicio de las protestas se han contabilizado en Oaxaca 15 muertos, 150 heridos, 200 detenidos y un número no determinado de desaparecidos.
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