David Pérez/X. Manzanet, Castelló
El PP remitirá hoy al Tribunal Supremo (TS) las rúbricas recogidas desde el viernes en las calles de Vila-real y del resto de la provincia para intentar que el Gobierno Central indulte al alcalde, Manuel Vilanova, sobre quien pesa una condena de 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Así lo aseguraron ayer a este periódico fuentes cercanas al político popular.
El segundo flanco jurídico de la estrategia diseñada por sus abogados se dirigirá a la Audiencia de Castelló. Vilanova pedirá también hoy que se suspenda la ejecución de la pena de inhabilitación hasta que el Ministerio de Justicia, en último extremo, resuelva si acepta el indulto o confirma el fallo del TS. Según admitieron fuentes próximas al alcalde, no sería nada descabellado que esta última petición coincidiera en el mismo día con la notificación de la ejecución de la pena de inhabilitación que la propia Audiencia de Castelló cursará esta semana a Vilanova para que abandone el sillón de la alcaldía. Un galimatías judicial que prolonga la incertidumbre institucional.
Fuentes cercanas a Vilanova aseguraron que, al margen de la doble vía judicial ante el Gobierno y la Audiencia para no dejar la vara de mando, el alcalde presentará en un plazo máximo de 10 días el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que deje sin efecto el fallo del TS. En este caso, las probabilidades de éxito son mínimas ya que Vilanova nunca denunció indefensión durante los ocho años del Caso Rocersa.
Vilanova recibió ayer la visita del vicepresidente del Consell, Víctor Campos. Al ser preguntado si el Consell apoya la continuidad del alcalde tras la condena, Campos dijo que el ejecutivo valenciano «no apoya ni deja de apoyar nada pese a ninguna sentencia, sino que el Consell apoya y ha apoyado siempre a Manolo Vilanova, pero una cosa es ésa y otra las consecuencias que se deriven de carácter legal con motivo de una sentencia como ésta que yo, particularmente, entiendo injusta para él. El Consell no está para valorar sentencias ni otro tipo de actitudes», agregó.