Territorio no perseguirá los chalés-paellero y se centrará en «los grandes depredadores»

Laura Ballester, Valencia

La Conselleria de Territorio va a iniciar una cruzada de inspecciones contra las construcciones ilegales, ubicadas en suelo no urbanizable. En el empeño, contará con una nueva herramienta informática desarrollada por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) que ahorrará tiempo y energía. Territorio confía en resolver los expedientes y demoler las viviendas ilegales en seis meses.


Hasta ahora era un funcionario de la Generalitat quien iniciaba el proceso al levantar un acta de inspección de la edificación ilegal in situ. Pero a partir de ahora será el ICV quien emita un certificado con dos ortofotos (imágenes digitales aéreas) del suelo rústico antes y después de la construcción ilegal, además de la información del catastro y del plan general de ordenación urbana que demuestra que la edificación captada es ilegal. Será como la fotografía que se toma de los conductores en los controles de velocidad pero en materia urbanística para pillar a los infractores con las manos en el ladrillo «y luchar contra los grandes depredadores del territorio», según Esteban González Pons, conseller de Territorio. Pons presentó junto a Miguel Peralta, conseller de Justicia, y el presidente del ICV, Emilio Forcén, el Programa de control de la legalidad urbanística.
Los tres responsables dieron ayer detalles de cómo será el proceso de detección y legalización o demolición de las construcciones ilegales, pero se negaron a dar pista alguna sobre cuántos municipios de los 542 que tiene la Comunitat Valenciana han sido analizados «metro a metro» y a quienes se les va a comenzar a comunicar en breve la condición de ilegalidad de sus viviendas. Las únicas imágenes que se vieron fueron las del municipio de Catral, de gobierno socialista, y donde Pons denunció la existencia de 1.400 viviendas ilegales el día antes de la moción de censura de Pla contra Camps.
Ninguno de los tres responsables políticos quisieron facilitar más datos sobre los municipios investigados para «que no se politice un trabajo [y a seis meses de las elecciones autonómicas y municipales] que debemos intentar sea lo más aséptico posible».
Tanto Pons como Peralta insistieron mucho en que «no vamos a perseguir al pequeño propietario que se ha construido una caseta ilegal para ir a comerse paellas los fines de semana. El pequeño infractor dejará de serlo por la vía de la concienciación ciudadana. Perseguimos al gran infractor, al que construye urbanizaciones y estafa, al que depreda el territorio», apostilló. El Programa de control de la legalidad urbanística consta de tres fases. La primera identificará, con la herramienta del ICV, las construcciones ilegales en suelo no urbanizable protegido o común (en este último caso sólo en los últimos cuatro años, ya que la de antes pueden legalizarse). Se intentará atajar así las viviendas ilegales en parques naturales, las urbanizaciones irregulares y las construcciones que impidan el desarrollo de infraestructuras. En una segunda fase «se buscarán parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable, contradictorias con la normativa urbanística». La tercera reconstituirá la legalidad.

Las viviendas de los últimos 4 años

Las viviendas en suelo no urbanizable común (SNU) sólo pueden ser perseguidas las que se han construido en los últimos cuatro años. Las construidas antes pueden consolidarse y legalizarse. Las viviendas en SNU protegido sólo se salvan si existían antes de la declaración del parque natural donde se integran. Cuando el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) comunique la certificación de la irregularidad urbanística a Territorio, se dará audiencia al ayuntamiento y al propietario interesado. En dos meses deberá solicitar licencia. Se ordenará la suspensión inmediata de las obras, el cese en el uso de la vivienda o piscina. Se comunicará a las compañías de servicios públicos (electricidad, agua y gas) que suspendan el suministro. También se comunicará al Registro de la Propiedad la inscripción de una nota marginal del expediente abierto. En las edificaciones en suelo protegido, se comunicará la situación a la Fiscalía o al juzgado. El plazo ideal de resolución del expediente será de 6 meses. El personal con el que contará territorio para estas inspecciones será de 8 personas. Los municipios podrán delegar en Territorio las competencias de disciplina urbanística. Una fórmula que la conselleria copia del Consell Insular de Menorca (gobernada por los socialistas).