El objetivo de la carta, subrayó González Pons, es trasladar al comisario europeo "la indefensión y el lógico malestar" que, dijo, ha generado en la Generalitat "las manipulaciones por parte del Gobierno central al escrito de alegaciones que en su día el Gobierno valenciano presentó al Dictamen Motivado complementario de la Comisión Europea en materia urbanística, emitido en octubre de 2006".
En este sentido, apuntaron que la carta remitida por González Pons recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha introducido dos "modificaciones" en el conjunto de alegaciones presentadas por el Consell al procedimiento abierto por Bruselas en materia urbanística y cuya remisión a la Comisión Europea es "competencia exclusiva" del ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero.
Respecto a las citadas modificaciones, el titular de Territorio y Vivienda comunicó a McCreevy que, en su opinión, "conllevan la desinformación de la Comisión respecto al verdadero contexto normativo urbanístico en nuestro territorio nacional, y ello, sin duda, puede desembocar en una ulterior toma de decisión basada en el desconocimiento de la realidad jurídica urbanística de España", aseveró.
La postura del Gobierno de España, añadió González Pons, se encuentra "alejada de la lealtad, la sinceridad y la voluntad de defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana exigibles por su papel de representante ante la UE", estimó.
"Antes al contrario --agregó--, bajo la actitud mostrada hasta el momento subyace una indisimulada querencia por lograr la condena pública y política de la normativa urbanística valenciana, de la que se ha trasladado una información sesgada e incompleta que necesariamente alterará la correcta comprensión de la realidad jurídica urbanística de la Comunitat Valenciana", subrayó.
"INSÓLITA SITUACIÓN DE DESAMPARO"
Asimismo, González Pons manifestó en la carta que "quien debiera actuar como nuestro abogado defensor --en alusión al Gobierno central-- se comporta como el primer interesado en lograr nuestra condena política", "con lo que aboca a la Comunitat Valenciana a una insólita situación de desamparo", criticó.
Los argumentos alegados por el Consell, que "tratan de contextualizar la legislación urbanística y hacen referencia a la especificidad del derecho urbanístico español y a la situación del urbanismo de las diferentes comunidades autónomas, fueron --en opinión de González Pons-- cercenados de modo injustificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la contestación que definitivamente se presentó ante la Comisión Europea".
En este sentido, según apuntaron las citadas fuentes, el Gobierno central "ha justificado estas modificaciones, en una carta remitida a la Generalitat por la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, en que no aportan nada al debate jurídico y pueden, por el contrario, perjudicar los intereses legítimos de éstas".
Respecto a los citados cambios introducidos por el Ejecutivo central, González Pons consideró que "no pueden ser compartidos por la Generalitat, ya que la exposición de una normativa, que lógicamente tiene un carácter público, no altera, en modo alguno, el principio de lealtad institucional".
Agregó que "la denuncia de esta situación de indefensión a la que nos aboca la actitud del Gobierno español se fundamenta en el reconocimiento de la plena validez de una legislación con la que tienen evidentes analogías la mayoría de comunidades autónomas existentes en España", al tiempo que aseguró que "la verdadera deslealtad sería la de no advertir a estas comunidades y a la Administración Europea del alcance plural y la transcendencia futura de lo que se está dirimiendo en estos momentos".
Para el titular de Territorio, "ninguna norma ni acuerdo puede privar del derecho a ejercer dicha defensa en los términos que estime pertinentes, menos aún --remarcó-- cuando dichos términos suponen simplemente proporcionar una información que se estima esencial para contextualizar y entender la sustantividad propia de la legislación urbanística española", afirmó, según indicaron, "a propósito de la supuesta potestad coordinadora que el Gobierno central atribuye a la Secretaría de Estado".
