V. A., Valencia El recurso de inconstitucionalidad del Consell contra la ley estatal de Suelo no sólo cuestiona la exigencia de introducir una reserva mínima del 30% para viviendas de protección pública (VPP), sino que discrepa también de los preceptos del artículo 2 del nuevo texto legal, relativo al principio de desarrollo sostenible y al uso racional de los recursos naturales.

Entre otros, el recurso se centra en los artículos 2, 6 y 10 de la ley de Suelo, y según pudo saber ayer Levante-EMV , el Consell solicitó al Ministerio de Vivienda, formalmente, una negociación sobre este asunto a través de la comisión bilateral Estado-Comunidades Autónomas. Sin embargo, el ministerio contestó hace escasos días a la solicitud de la Generalitat, argumentando que no existían motivos suficientes para ello, puesto que la ley ya había sido debatida ampliamente en el Parlamento. Tras ello, el Consell ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En la carta previa remitida al Gobierno central por la Generalitat, centraba sus discrepancias fundamentales en los tres artículos mencionados, que considera inconstitucionales. El artículo 2 establece que «las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las leyes» . Y añade que «el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia» . El artículo 6, también recurrido, se refiere al derecho de iniciativa de los particulares, «sean o no propietarios de los terrenos, en ejercicio de la libre empresa...» . Y el artículo 10 establece la reserva mínima del 30% para vivienda protegida, que la Generalitat cuestiona abiertamente, ya que únicamente considera que debe aplicarse en las grandes ciudades, como ya sucede en Valencia (40%) y en Castelló y Alicante (30%). Críticas socialistas y apoyo del PP

Tras conocerse la decisión del Consell de recurrir la ley, este diario solicitó su opinión sobre el tema al PSPV y al PP.

El secretario socialista de Política Territorial y Vivienda, Eugenio B urriel, afirma que «el recurso pone de manifiesto que la prioridad del Gobierno de Camps no es la vivienda protegida, porque se opone a una norma estatal que establece un mínimo que ya tienen todas las comunidades salvo la valenciana y la murciana» . Según Burriel, «la prioridad de la Generalitat tampoco es la lucha contra la especulación del suelo, que sí es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos». Para él, «el objetivo es la oposición sistemática a Zapatero y tener contento a Rajoy». A su vez, el secretario de Organización del PP en la Comunitat Valenciana, Enrique Crespo, afirmó que «la actuación de la Generalitat es la más prudente: en el PP entendemos que no se puede gobernar a golpe de generalidades y eso es lo que hace el PSOE con la ley de Suelo». Para Crespo, «establecer el 30% como porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida sin conocer las características de cada municipio, sus PAI, etc. es demasiado rígido, hay que ser menos cómodos y estudiar cada caso para que la solución sea la mejor para todos» . El popular añade que «es otra demostración de la actitud del PSOE en el Gobierno: grandes medidas mediáticas que lue go se quedan en papel mojado».