Julia Ruiz, Valencia El veto que el Consell trata de imponer a los ayuntamientos en el Consejo Superior de Urbanismo mediante una modificación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2008 ha minado la poca confianza que el PSPV tenía en los responsables autonómicos para alcanzar un pacto sobre el futuro del territorio. El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE y diputado autonómico, Francesc Signes, manifestó ayer que el cambio que «unilateralmente» se quiere introducir en el futuro órgano asesor del Consell en materia urbanística demuestra «que no existe voluntad de consenso» . Tal como informó ayer Levante-EMV , la nueva redacción sobre la composición del Consejo Superior de Urbanismo borra el apartado que garantizaba que las entidades locales participarían de forma adecuada en el nombramiento de este órgano compuesto por expertos en urbanismo.
Signes resaltó que el cambio en la LUV «por la puerta trasera» se produce justo cuando el PSPV ha aceptado la oferta que en las Corts lanzó el nuevo conseller de Territorio, José Ramón García Antón, para alcanzar un pacto con la oposición sobre urbanismo. «Lo ocurrido demuestra que García Antón, en quien los socialistas confiábamos para cambiar la política urbanística de la Generalitat caracterizada por el pelotazo y la especulación, no tiene voluntad de consenso y representa lo mismo que Rafael Blasco [ ex titular de Territorio]», señaló el socialista, que concluyó que «cabe pensar que quien dirige el urbanismo es el presidente Camps y que la propuesta de pacto era fal sa».
El PSPV consideró «gravísimo» que se trate de recortar la participación de los ayuntamientos, «principales artífices de las actuaciones urbanísticas» y anunció que promoverá mociones en todos los ayuntamientos para evitar la exclusión de las entidades locales en el Consejo de Urbanismo. Signes advirtió de la «grave situación que atraviesa el sector inmobiliario y de la construcción y del clamor de los constructores para clarificar la normativa europea» . En este sentido, exigió al Consell y al PP «responsabilidad y sensatez para abrir un debate amplio con todas las fuerzas políticas, económicas, sindicales y sociales en el que, por su puesto, no se excluya a los ayuntamientos a los que el PP pretende ningunear»
Por su parte, el diputado de EU, Lluís Torró, calificó de «inadmisible» utilizar la ley de acompañamiento para tratar de controlar totalmente la actividad urbanística. Torró acusó al Consell de actuar con nocturnidad y por la «puerta falsa» y censuró que el objetivo sea «dejar fuera del debate urbanístico a uno de los actores implicados más importantes, los municipios» . «Sorprendía el ansia de la Generalitat de controlar todo el tema urbanístico pero es evidente que se trata de un intento de tener la sartén por el mango y poder repartirse sin obstáculos y sin testigos el pastel y decir qué PAI se hará y cuál no», aseveró, al tiempo que insistió en las formas porque, dijo, se pretende dejar fuera del debate social y político una cuestión «que afecta a uno de los elementos claves de nuestra economía».
