F. Arabí, Valencia
Pla era una víctima propiciatoria. Su actuación como mínimo cuestionable en la reforma de su piso, no tener firma en el DOCV, ni en el BOE, estar políticamente amortizado y ocupar la secretaría general socialista en una comunidad autónoma de primera línea lo convirtieron en pieza abatible.
Su
«torpe»
reacción, según su propio entorno, en los micrófonos de la Ser (donde no dio una explicación convincente del porqué no había pagado) fue la última palada a su tumba. Al día siguiente, convocó de urgencia a su ejecutiva con la esperanza de lograr un respaldo similar al que en 2001 consiguió cuando este diario publicó el llamado caso Alaquàs. Un asunto que no destronó a Pla. La diferencia entre ese caso y el de la
«suposición»
, en palabras de Blanco, de que no pensaba pagar las obras del piso es evidente. En 2001 nadie, salvo cuatro gatos contados, deseaba el fin de Pla. Esta vez, eran legión los que, conscientes de que el padre estaba entubado y que ya no tenía vida, querían que se despejara el camino de la herencia. La ejecutiva le negó el oxígeno, aunque se avino a retrasar su dimisión 24 horas para que pareciera eso y no una defenestración. Moncloa y Ferraz sintonizaron sus relojes por vez primera en varios meses y le pidieron al líder socialista que dejara el cargo.
La llamada de la puntilla
El jueves por la mañana, horas antes de consumar el paripé y hacer pública su renuncia (adelantada por este diario), Pla recibió una llamada del presidente Zapatero cuando iba camino de la Cumbre de Lisboa. Le felicitó por su decisión de marcharse antes de que Pla le comunicara que justamente eso había pensado. Fue el empujoncito final. La vicepresidenta De la Vega había trasladado que si Pla iba de dos en la lista por Valencia al Congreso, ella no pensaba encabezarla.