Los críticos impugnarán la asamblea de EU al ser excluidos mil afiliados por morosos

Francesc Arabí, Valencia
La asamblea que celebrará Esquerra Unida, para elegir candidatos y estrategia de pactos electorales, arrancará el sábado 17 de noviembre, pero, a tenor de cómo están los ánimos, nadie puede augurar cuándo acabará. Los sectores enfrentados con la actual dirección (Iniciativa pel Poble Valencià, el partido impulsado por la corriente Esquerra i País, y Projecte Obert, que lidera el ex coordinador, Joan Ribó) no piensan darse por vencidos y están dispuestos a participar en ese cónclave, pero, del mismo modo, han tomado la decisión de dar la batalla impugnando el proceso porque entienden que está trufado de irregularidades.
La primera de todas, la exclusión de muchos militantes a los que la dirección de EU acusa de morosos. Entre ellos, nombres ilustres como el del ex secretario del Partit Comunista del País Valencià (PCPV) Alfred Botella o los también ex diputados Dolors Pérez, Joan Antoni Oltra, la miembro del Consell Valencià de Cultura, Carmen Morenilla, o el dirigente de Iniciativa Paco García. A todos ellos se les reclaman deudas por el presunto impago de las aportaciones que debían hacer al partido por el sueldo público que percibían o aún reciben. Desde Iniciativa indicaron que en los recursos que presenten defenderán que no se puede apartar del proceso asambleario a militantes que están al corriente del pago de las cuotas del partido y que en todo caso las posibles deudas se derivarían de un desacuerdo de las personas que ocuparon el cargo respecto de la cantidad que debían aportar y que, según los estatutos, ha de pactarse entre el interesado y la organización. Los recursos se presentarán ante la sindicatura de greuges del partido y, posteriormente, se elevarán a Madrid.
Entre las supuestas irregularidades argumentan también la ausencia de una comunicación a los apartados del censo sobre los motivos por los que no se les deja participar en la asamblea. Con todo, tanto Projecte Obert como Iniciativa pel Poble Valencià está presentando candidatos en el proceso de elección de delegados para la asamblea en la que participarán más de 500 militantes en representación de unos 2.600 afiliados, los que constituyen el censo actualizado por el secretario de organización de EU, Ricardo Sixto. Finalmente un millar de militantes se han caído del censo en la poda que se ha hecho. En IU actúan con manga ancha La dirección federal de Izquierda Unida ha aplicado, por contra, una política de manga ancha en la configuración del censo de militantes con derecho a elegir entre Gaspar Llamazares y Marga Sanz como candidato del partido a la Presidencia del Gobierno de España. Hasta tal punto han sido laxos en la elaboración del listado que han incluido a ese millar de militantes que no están al corriente de pago de todas las obligaciones con la organización. En total, unos 3.600 afiliados valencianos han recibido el sobre con las papeletas de los dos aspirantes, el código de barras con los datos del afiliado y franqueo concertado para su devolución por correo.
Fuentes de la dirección que lidera Glòria Marcos indicaron que la decisión tomada en Madrid responde a la voluntad de no aplicar diferentes varas de medir a distintas federaciones. No se ha tenido en cuenta el ajuste efectuado sobre el censo valenciano porque en otras federaciones territoriales donde no hay asamblea a la vista se funciona con listados hinchados y sin revisar. De esta forma, han podido participar en la elección hasta la portavoz del grupo parlamentario de Compromís, Mònica Oltra, y la diputada Mireia Mollà, militantes de Iniciativa y en proceso de expulsión de Esquerra Unida.
Uno de los asuntos que deberán abordarse precisamente en la asamblea del 17 de noviembre es la resolución final del expediente de expulsión de las dos parlamentarias que, junto con los dos diputados del Bloc (Enric Morera y Josep Maria Pañella) hicieron efectivo el relevo de Glòria Marcos como portavoz del grupo parlamentario Compromís pel País Valencià en las Corts.